Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), y otras organizaciones a favor de la vida, la familia y el matrimonio tradicional se pronunciaron en contra de la aprobación de la despenalización del aborto en el Estado de México, haciendo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a que vete esta iniciativa.
La representante de este frente en el Estado de México, Ángeles Bravo, sostuvo que su lucha a favor de la vida no se acaba con la aprobación del aborto por parte de las y los diputados mexiquenses, haciendo un llamado a la organización y a la defensa de estos valores.
“Hoy somos testigos de una suprema injusticia, un proceso violado y también unas mujeres abandonadas. No hay nada que festejar en el Estado de México, pero mañana nosotros estamos aquí de pie, construyendo una patria que ama y valora la vida”.
Subrayó que “nuestra lucha no se acaba, el día que los gobernantes nos dan la espalda”, pues “ante un pueblo sordo, una sociedad organizada”.
Quienes integran estas organizaciones calificaron como una “incongruencia” que en la misma sesión en la que las y los legisladores aprobaron la despenalización del aborto, también se prohibiera la crueldad en contra de los animales.
“Este mismo Congreso ha aprobado cometer la más terrible crueldad en contra de los seres humanos: un aborto”, indicaron.
Al señalar que el aborto “es el desmembramiento de un ser humano dentro del vientre de su madre, para que pierda la vida, es arrancarle la vida”, llamaron a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez a que vete esta iniciativa.
“Señora gobernadora ¿usted de verdad quiere que se consume esta crueldad? Por eso le pedimos que ejerza su facultad de vetar esta ley, que pare esta masacre y que le haga caso a la presidenta Sheinbaum, que en Brasil dijo que ‘ya no hay que sembrar más muerte, sino que hay que sembrar vida (…) Pedimos que vete esta ley cruel y genocida en contra de los más indefensos y vulnerables”, sostuvo el presidente del FNF, Rodrigo Iván Cortés.
Sostuvieron que el aborto “no puede ser presentado como una solución a los problemas estructurales de las mujeres, por lo que afirmar que su legalización modificará las condiciones de violencia, discriminación laboral, precariedad económica y exclusión social es un engaño”.