La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que, en la década de los 90, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que se terminará de pagar en 2050, no tuvo reglas de operación claras para el otorgamiento de apoyo a los ahorradores, lo que ocasionó discrecionalidad, opacidad y ambigüedad en las responsabilidades de quienes lo operaron, con base en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Por lo que se refiere a los programas de apoyo de ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados, sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas”, expuso la presidenta al leer extractos del documento.
“No solamente es el rescate bancario que convirtió deudas privadas en deuda de todos los mexicanos. No solo ese es el problema, sino que los criterios para pagarle a quién, lo dice la auditoría, no tuvieron siquiera reglas de operación, fue completamente discrecional. Qué le pagaban a quién, cómo cuánto, a partir de qué. Ahí hubo una enorme corrupción”, explicó la mandataria.
En el documento, de 2004, se destaca que por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en ese entonces, no se pudo fiscalizar completamente el proceso del rescate bancario.
“Tanto la ley de instituciones de crédito en su artículo 122, como el contrato constitutivo y sus modificaciones del Fobaproa, contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas –esto es informe de la ASF- prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del comité técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo”, leyó Sheinbaum.
“Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la ASF, la SCJN declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de crédito relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría 199 a la que se refería… Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citada”, continuó.
Además, al leer el informe, destacó que la supuesta auditoría internacional que se hizo al Fobaproa no fue tal, pues el auditor no contó con toda la información requerida para emitir una opinión especializada.
“Se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente competente y relevante”, refirió.
Sheinbaum dijo que, en días próximos, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, acudirá a la conferencia para explicar cuánto se debe, cuánto se ha pagado y por qué no se puede dejar de pagar la deuda por el Fondo, el cual está proyectado para finiquitarse hasta 2050.
“Se dice que fue auditado por auditores internacionales, aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la ASF por resoluciones de la SCJN en aquel momento. Ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar y por qué no es trivial el decir que no se llegara a pagar, porque tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana”, dijo.
LG