El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien enfrenta una investigación penal por el probable ejercicio ilícito del servicio público, tiene en su contra otra denuncia por homicidio indirecto doloso, omisión y lesiones, que interpuso el Instituto para las Mujeres en la Migración, junto con otras organizaciones, desde finales del mes pasado, cuando 40 personas a cargo del INM murieron en la estación de Ciudad Juárez.
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La directora del Imumi, Gretchen Kuhner, detalló a MILENIO que se exigió la investigación para determinar la responsabilidad tanto del titular como de las personas encargadas de ejecutar la política migratoria y la operación dentro del INM, debido a que la tragedia del 27 de marzo fue un hecho previsible y prescindible.
“Hay un patrón de motines, en 2020 hubo un motín en el cual también se incendió una colchoneta y se murió una persona, ha habido quejas y recomendaciones ante la CNDH e informes durante 20 años (…) No hay forma en que el INM podría decir ‘nunca me imaginé que esto podría pasar’, entonces en nuestra denuncia llamamos a que se investigara la responsabilidad que tiene Garduño”.
“Las autoridades sabían o debían saber de los riesgos y de las omisiones en las que se encontraban todas las personas, no solo en Ciudad Juárez, sino en todas las estaciones migratorias”, secunda Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica de Refugiados de la Universidad Iberoamericana.
Aunque sorprende a la sociedad civil que Francisco Garduño no haya renunciado ni se le separara del cargo mientras se lleva a cabo la investigación, los activistas coinciden en que la acción penal en su contra es favorable en tanto sea para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
“Nos parece positivo en el sentido de que si esa imputación trae, como consecuencia, verdad, justicia y reparación a las personas sobrevivientes y las familias de la spersonas que fallecieron, sin embargo, si no se va por las causas estructurales, si esto no permite que las personas puedan acceder a una reparación, pues no va a servir de nada y por más personas que puedan estar incluso en la cárcel, no sería una medida adecuada para las personas”, agregó para este medio Guerrero Navarro.
Sostuvo que una sentencia penal no se limita a la privación de la libertad de la persona imputada, toda vez que las indemnizaciones y la reparación integral con atención médica y psicológica son necesarias para resarcir el daño.
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