Las medidas contra el delito de despojo de inmuebles derivaron en una disminución del tres por ciento a nivel nacional. Las denuncias por apoderamiento ilegal de propiedades han llevado a la Ciudad de México y al Estado de México a crear estrategias específicas para enfrentar la problemática, como identificar las redes del despojo, es decir, su modus operandi, y la restitución de la propiedad.
Con esto, en el Estado de México la problemática disminuyó en un 14 por ciento, mientras que la capital mantuvo un incremento del dos por ciento, con tendencia a la baja.
Frente a este fenómeno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el gobierno federal trabaja en la digitalización de catastros y registros públicos para dar mayor orden y certeza a la propiedad privada, una medida que busca reducir espacios para operaciones irregulares sobre inmuebles.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 17 mil 186 delitos de despojo, frente a los 17 mil 647 registrados en el mismo periodo de 2025, una reducción de tres por ciento.
Tan sólo el Estado de México y la Ciudad de México concentran poco más del 30 por ciento de los casos registrados en el país, con 2 mil 842 y 2 mil 323, respectivamente. Seguidos de Guanajuato, con mil 29, y Veracruz, con 859.
El despojo ocurre cuando una persona ocupa o se apodera de un inmueble sin tener derecho sobre él, mediante mecanismos que pueden incluir violencia, engaño, furtividad, abuso de confianza o falsificación de documentos, según las circunstancias previstas en la legislación penal.
Identificar, asegurar y devolver: la estrategia del Edomex
Desde 2025, la Fiscalía General de Justicia estatal creó la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, encargada de investigar específicamente este tipo de ilícitos.
A partir de dicha Unidad inició la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, cuyo brazo operativo es la Operación Restitución, por lo que su propósito no sólo es perseguir a los responsables, sino recuperar las propiedades y devolverlas a sus dueños legítimos.
El modelo parte de una premisa distinta a la persecución penal tradicional: identificar los inmuebles relacionados con las investigaciones, asegurarlos y, una vez acreditada legalmente la propiedad, restituirlos a sus propietarios.
La estrategia involucra a la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, corporaciones municipales y fuerzas federales.
En el último año, la entidad muestra una reducción de la incidencia, pues entre enero y julio de 2025 se contabilizaron 3 mil 302 delitos de despojo, contra 2 mil 842 en el mismo periodo de este año, es decir, una disminución de 14 por ciento.
CdMx: prevención, investigación y restitución
En la Ciudad de México, la respuesta de las autoridades pasó de la persecución de casos individuales hacia un esquema que busca prevenir el despojo, identificar redes y acelerar la recuperación de inmuebles.
En julio de 2025, la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la Estrategia contra el Despojo de Inmuebles para la Defensa del Patrimonio de las Familias, que planteó la creación de una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, reformas al Código Penal, aumento de penas en prisión (hasta 22 años), medidas contra documentos apócrifos y acciones para detectar posibles redes de corrupción relacionadas con la apropiación ilegal de propiedades.
Sin embargo, ante las persistentes denuncias ciudadanas, en agosto de este año la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, anunció nuevas medidas para reforzar la investigación y combatir el delito.
El nuevo esquema contempla tres agencias especializadas, así como un Programa Emergente de Restitución de Inmuebles para revisar las investigaciones que ya se encuentran abiertas.
La estrategia incorpora además una unidad de 20 jueces para atender estos casos, una alerta registral, mecanismos para agilizar la judicialización, acciones para identificar redes dedicadas al despojo y la posibilidad de restituir inmuebles en un plazo de hasta 15 días cuando proceda jurídicamente.
Con ello, la capital busca atacar el problema en tres frentes: evitar que el inmueble sea arrebatado, perseguir a quienes participan en la operación y devolverlo a su propietario legal.
En un primer informe de resultados, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que a 12 días de la presentación de la estrategia de Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo 2026, realizaron 27 remisiones y 90 detenciones de personas relacionadas con este delito.
Destacó que la dependencia mantiene un tiempo promedio de respuesta de tres minutos ante reportes ciudadanos relacionados con posibles casos de despojo, allanamiento o ingreso irregular a inmuebles.
Medidas contra el despojo en otras entidades
Hasta ahora, sólo el Estado de México y la Ciudad de México cuentan con un esquema integral para abatir este delito, no obstante, ciertas entidades cuentan con algunos mecanismos, pero en general, menos amplios.
Baja California y Jalisco, por ejemplo, han recurrido a herramientas de alerta registral con las que los propietarios pueden recibir avisos sobre movimientos relacionados con sus inmuebles, como una medida preventiva frente a posibles operaciones fraudulentas.
En Nuevo León, el Instituto de la Vivienda, el Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) y la Fiscalía estatal establecieron mecanismos de atención para casos patrimoniales que incluyen situaciones de despojo e invasiones.
Mientras que Guanajuato utiliza mecanismos alternativos y de justicia restaurativa para conseguir la devolución de inmuebles, en tanto que Chihuahua cuenta con unidades de investigación, persecución y restitución de inmuebles.
Veracruz, por su parte, recurre a la atención directa de víctimas. Este mes, el gobierno estatal informó que desde diciembre de 2025 ha atendido 106 audiencias ciudadanas relacionadas con posibles despojos o afectaciones a la propiedad y posesión.
Para atender estos casos, el gobierno estatal mantiene coordinación con la Fiscalía General local, el Poder Judicial, el Colegio de Notarios del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
El resto de las entidades realiza acciones de investigación y persecución del despojo a través de sus fiscalías.