José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, junto con los dirigentes de Guerreros Unidos y otras autoridades dieron la orden de matar y desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
Apuntó que ese grupo criminal pensó que entre los estudiantes había integrantes de sus enemigos, Los Rojos, y que los jóvenes llegaron a Iguala a fin de tomar camiones para la marcha del 2 de octubre, donde en 2013 “los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y Guerreros Unidos de que no regresaran, si no se iban a atener a las consecuencias”.
Como contexto, mencionó el asesinato de Arturo Hernández Cardona que derivó en la movilización de normalistas de Ayotzinapa el 3 de junio de 2013, homicidio por el que permanece preso José Luis Abarca. También refirió que en Chilpancingo y Tierra Colorada los policías les impidieron a los alumnos tomar camiones y por eso llegaron a Iguala.
Encinas dijo que las conclusiones de la comisión que él encabeza no se parecen a la verdad histórica, porque los jóvenes no volvieron a estar juntos después de salir en varios autobuses.
Incluso seis de ellos seguían vivos cuatro días después y permanecieron en la llamada “bodega vieja”, donde fueron entregados “al coronel”, quien “se hizo cargo de estos muchachos”. Además, reiteró que el quinto autobús descargó en Morelos, después de evadir 17 retenes, presuntamente droga.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario salió al paso de las críticas al informe de la Comisión de la Verdad y dijo que no se trata de una posición política, porque sus conclusiones son resultado de investigaciones y datos científicos.
Aunque, admitió, “también hay un contenido político”, porque se trata de “esclarecer un crimen y más un crimen de Estado”.
Reiteró que la verdad histórica “se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, que involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, donde se presume que se tomó la decisión de alterar la escena del crimen y está acreditado que se creó dicha versión en actos de tortura.
Encinas dijo que el informe de su comisión se basó en 13 fuentes, entre las que mencionó el Centro Nacional de Inteligencia, la DEA y hasta los productos del espionaje de Pegasus, así como el testimonio de 115 personas involucradas.
Al enumerar por lo menos una docena de diferencias con la verdad histórica, expuso que los estudiantes no pretendían boicotear el informe de María de los Ángeles Pineda, entonces titular del DIF en Iguala, y destacó que los cuerpos de los 43 jóvenes nunca llegaron al basurero de Cocula.
“Y hay una diferencia sustancial y de fondo: la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, puntualizó.
Ayer familiares de los 43 marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, a un mes de que se cumplan ocho años de los hechos.
Al pronunciarse sobre el reciente informe del caso, opinaron que el paradero de los estudiantes no está esclarecido y que las pruebas preliminares deben ser analizadas bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostenerse la afirmación del gobierno.
En la movilización, a la que llamaron “95 Acción Global por Ayotzinapa y México”, los familiares señalaron que la detención de Jesús Murillo confirma que condujo una indagatoria turbia, irregular, plagada de torturas, manipulación y siembra de pruebas.
De haberse explorado otras líneas de investigación días después de los hechos, el éxito de saber el paradero de los jóvenes pudo haber sido más objetivo, señalaron.