La Secretaría de la Función Pública inició durante los primeros tres meses de la actual administración 23 investigaciones sobre probables irregularidades administrativas de servidores públicos por un monto de 793 millones de pesos.
Así lo confirmó la titular de esa dependencia, Irma Sandoval, al subrayar que el número de indagatorias equivale a la totalidad de los procedimientos abiertos durante 2018 por el anterior gobierno.
Al participar en la clausura del foro nacional "Planeando Juntos la Transformación de México" en Palacio Nacional, la funcionaria detalló:
"Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 4 de marzo de 2019 se han turnado a las áreas de investigación 23 investigaciones, 133 expedientes de evaluación patrimonial, 68 análisis de incompatibilidades patrimoniales, 12 mil 500 constancias de inhabilitación y no inhabilitación y se han realizado más de 150 audiencias por controversias sobre contrataciones públicas: los probables delitos administrativos o faltas administrativas incluyen una cuantía de 793 millones de pesos, que muy probablemente serán regresados a la Tesorería de la Federación".
Asimismo y como parte de los logros durante los primeros cien días del nuevo gobierno, Sandoval señaló que, por primera vez en la historia de México, la Función Pública logró que todo el gabinete legal y ampliado, los subsecretarios de Estado y los 32 delegados federales, hicieran pública la totalidad de sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés.
"De manera complementaria, modificamos el Declaranet para eliminar las exclusiones en la publicidad de la información de los datos patrimoniales. Hoy sólo hay dos opciones: reserva o publicidad total", dijo.
Por separado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, remarcó la determinación de revertir la crisis de inseguridad y violencia, así como de violación a los derechos humanos en el país.
"La Secretaría de Gobernación se convertirá en los hechos en la secretaría de los derechos humanos: ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de ser un órgano para el control y para la persecución política, y deberá erigirse en una institución garante de derechos y libertades, donde la razón del Estado y el principio de autoridad sean reemplazados por la salvaguarda del interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas y todos los mexicanos", puntualizó.