Con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, la Cámara de Diputados acordó interponer una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas con el propósito de invalidar el “blindaje” legal que los legisladores locales dieron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su eventual desafuero en el Palacio de San Lázaro.
El pleno cameral instruyó a la diputada presidenta Dulce María Sauri a presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pedir a los ministros resolverla “de manera prioritaria” por la urgencia del caso y su interés social.
El proyecto fue avalado por los grupos parlamentarios de Morena, PES, PT, con el voto dividido de la oposición.
La legislatura local de Tamaulipas aprobó el 2 de marzo un acuerdo para el “procedimiento de homologación” sobre el desafuero de funcionarios de la entidad.
Según dicha resolución, el congreso tamaulipeco determinaría la existencia de un delito federal y la eventual responsabilidad de García Cabeza de Vaca, una vez que se la Cámara de Diputados le notifique la resolución de procedencia contra el gobernador.
“Con ello, el Congreso de Tamaulipas intenta dar una garantía de impunidad al gobernador (García Cabeza de Vaca)”, acusó el diputado Rubén Cayetano, a fijar el posicionamiento de la mayoría parlamentaria de Morena.
Como lo anticipó MILENIO el domingo, la controversia constitucional subraya que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
En consecuencia, la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
“Las reglas del procedimiento de homologación que se impugnan buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, advierte.
LP/JLMR