Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), ofreció dinero y apoyos a víctimas y familiares de los 40 migrantes fallecidos en un estación en Ciudad Juárez, para que retiren los cargos en su contra y sea exonerado.
Lo anterior, lo denunció Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural.
El legislador refirió que Garduño Yáñez solicitó audiencia para debatir la procedencia de una “solución alterna”, consistente en la suspensión condicional del proceso en su contra por la muerte de estos 40 migrantes, el 27 de marzo pasado, en la estación migratoria Lerdo-Stanton, en esa localidad del estado de Chihuahua.
Álvarez Icaza acusó al titular del INM de extorsionar y chantajear a las víctimas.
“¿Qué están haciendo?, están extorsionando y chantajeando institucionalmente a las víctimas para que le retiren los cargos y proceder a una reparación económica, para dejar en la absoluta impunidad la muerte de 40 migrantes y la afectación a los sobrevivientes. Es inaceptable, tendría ya Garduño, con mínimo de decoro y ética, que haber presentado su renuncia y, sino por lo menos que pida licencia para que no sea objeto de este tipo de conflictos”.
Dijo que el titular del INM realizó esta solicitud ante el juez de Control, Víctor Mario Hernández Calderón, quien lleva el proceso penal sobre el caso del incendio en la estación provisional por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Álvarez Icaza comentó que la solicitud de suspensión condicional del proceso, puede representar la intención de evadir su responsabilidad al buscar poner fin al proceso penal en su contra, máxime que a la fecha no se han concluido las periciales y dictaminaciones pertinentes, para cuantificar la magnitud del daño que sufrieron las víctimas y dado que se encuentra activa la investigación por los hechos ocurridos.
Reiteró que, si bien es un derecho, la solicitud supone un chantaje institucional, “porque no solo representa la posibilidad de evadir la responsabilidad en términos de su responsabilidad por los hechos ahí ocurridos, sino que no ha concluido el proceso y genera un chantaje porque muestra el conflicto de intereses de que Garduño siga en el cargo”.
Organizaciones civiles respaldan dichos de senadores: "nos alarma"
De acuerdo con las organizaciones civiles, el comisionado le propuso la solución alterna al juez de Control que lleva su caso, Víctor Mario Hernández, quien decidirá al respecto el próximo 22 de septiembre.
“En otras palabras, es una forma de obtener la absolución sin que las investigaciones y el resultado de éstas le finquen responsabilidad penal alguna por el atroz hecho del 27 de marzo”, señaló Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.
“Nos alarma que un funcionario de alto rango quiera evadir de esta manera la justicia, pues de concederse la ‘solución alterna’ quedaría libre de investigaciones y sus respectivas responsabilidades, aún cuando la investigación continúa en curso y no se han concluido las periciales y dictaminaciones pertinentes”.
Las organizaciones detallaron que el aviso a las y los representantes jurídicos se hizo sólo tres días antes de la audiencia.
Y explicaron que a diferencia de los otros 10 imputados en el caso, de los cuales nueve son funcionarios públicos, Garduño puede acceder a la solución alterna porque el delito que se le imputó fue el de “ejercicio ilícito de servicio público”, el cual es considerado no grave.
Las organizaciones, entre ellas también el Imumi y AsylumAccess, adelantaron que no dejarán de señalar la responsabilidad de Francisco Garduño, ya que les preocupa que las indagatorias se enfoque en investigar y sancionar a los migrantes y no a los altos mandos del Instituto Nacional de Migración.
EHR