La coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos solicitó a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Chihuahua un informe pormenorizado de los hechos ocurridos el 1º de enero de 2023 al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 3 que dejaron como saldo 17 personas muertas y 13 heridas, así como la fuga de 30 convictos.
La legisladora pidió además que se informe sobre las acciones implementadas para evitar futuros hechos de violencia y violencia extrema, la fuga de reos y recuperar la gobernabilidad de los Centros de Readaptación Social en dicha entidad.
Asimismo, Bañuelos conminó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, y sus homólogas en las 32 entidades federativas, a llevar a cabo un diagnóstico de la situación de los centros de readaptación social tanto federales como estatales para garantizar el respeto de los derechos humanos y se cumpla con el objetivo central de ser espacios de rehabilitación y readaptación social.
Y llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a redoblar esfuerzos en vigilar las condiciones de los internos dentro de los centros penitenciarios federales y estatales; y en su caso, realizar las recomendaciones necesarias para garantizar la protección y respeto de sus derechos humanos.
La líder petista destacó que los centros penitenciarios deben ser lugares que permitan la reinserción social integral para evitar que quienes egresan de ellos continúen con una vida delictiva.
Para ellos, sostuvo, es necesario que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones y cuenten con los servicios básicos, como luz, agua y todo lo necesario para que los internos puedan vivir dignamente.
Bañuelos lamentó que la situación de ingobernabilidad que se vive en la mayoría de los centros de reinserción social derive en actos violentos como los ocurridos en el Cereso 3 de Chihuahua el pasado 1º de enero o como los hechos del 8 de octubre del 2022 en Cieneguillas Zacatecas, donde se fugaron ocho internos.
“Otro ejemplo es el que se registró la madrugada del 1 de diciembre del 2021, cuando un comando armado ingresó al Cereso de Tula de Allende, en Hidalgo, para liberar a nueve personas. En ese entonces, los presuntos delincuentes ingresaron al penal a bordo de camionetas, después de que incendiaron vehículos frente al Cereso. En los hechos violentos dos policías resultaron heridos”, detalló.
Ante esta situación, la legisladora por Zacatecas enfatizó que se deben aplicar protocolos para la atención y control en caso de que se lleven a cabo incidentes violentos. Así como, la evaluación de todas las autoridades y trabajadores de los centros.
“Ya no podemos permitirnos ignorar lo que pasa, no podemos permitir más corrupción y mucho menos, ser indiferentes con la situación de los Centros de Readaptación y Reinserción Social”, sostuvo.
Es momento de vigilar el respeto total a los derechos humanos, de contar con lugares aptos para que las personas privadas de su libertad encuentren una profesión, deporte o algo que les apasione, dejando de lado la vida delictiva y en específico, brindar una verdadera reinserción social.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos consternados por la situación de extrema violencia al interior de los centros de readaptación social. Es tiempo de hacer un análisis profundo y exhaustivo para generar cambios que garanticen las condiciones de desarrollo e integridad de las personas privadas de su libertad, así como de las personas encargadas de mantener el orden y seguridad al interior de estos centros”, indicó.
LG