En un país carente de experiencias positivas en la investigación judicial como México, el Caso Ayotzinapa es una oportunidad de resolverlo para poder adquirirlas, pues “son fundamentales para enfrentar ese círculo vicioso de la impunidad”, señalan los últimos dos integrantes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), momentos después de haber anunciado el fin de sus trabajos y su partida de México.
El caso Ayotzinapa es una oportunidad que al país le urge tomar, sostiene Beristáin en entrevista con MILENIO, pues “México tiene una ausencia enorme de experiencias positivas en la investigación judicial”. Incluso en países similares como Colombia han habido sentencias en casos muy emblemáticos, contra militares y camarillas de políticos.
“México necesita esas experiencias positivas pues son fundamentales para enfrentar ese círculo vicioso de la impunidad. Que haya un quiebre en ella muestra un camino de salida de la violencia, que si no se va a seguir perpetuando en el país durante mucho más tiempo”.
Durante su primera etapa en México, de 2015 a 2016, este órgano fue fundamental para desmontar la investigación falsificada que se conoce como “verdad histórica”, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, y regresó al país en 2020 por invitación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, para coadyuvar con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa(UEILCA, una fiscalía especial dentro de la Fiscalía General de la República).
Ahora, Angela Buitrago y Carlos Beristáin se retirarán el próximo 31 de julio, porque “hemos explotado al máximo todo lo que hemos logrado pero no tenemos más elementos” y “SEDENA miente, la Marina miente, tienes que estar arañando la verdad a cada rato. El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta”.
Lo que denuncian como un bloqueo sostenido durante años por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina –además del Centro Nacional de Información, antes CISEN– les veda el indispensable acceso a “información disponible” y en poder de esas instituciones.
“El GIEI ha llegado al límite de lo que se podía investigar como asistencia técnica”, sostiene Beristáin. “Como las cosas no han cambiado, no podemos continuar con nuestro trabajo”.
Sin embargo, en su sexto y último informe, además de demostrar la participación en los crímenes de Iguala de militares y agentes de corporaciones policiacas de todos los órdenes, afirman en que el caso no se ha cerrado y es imprescindible llegar al fondo, por lo cual dejan una serie de “recomendaciones” que, insiste Buitrago, son de cumplimento obligatorio bajo la legislación internacional.
La crisis del Caso Ayotzinapa
Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “ha sido el aliado, la persona con la cual hemos tenido la confianza para poder hacer la investigación”, sostiene Carlos Beristáin. Sin embargo, el avance positivo del trabajo conjunto tuvo un primer gran tropiezo en agosto de 2022 cuando Encinas presentó un informe de la COVAJ (que él encabeza) sin haberlo mostrado previamente al GIEI y a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, contraviniendo lo acordado: “Se lo dijimos así a Alejandro Encinas, fue inaceptable, no entendemos cómo eso se estaba preparando desde hacía meses y no tuvimos ninguna información, eso quiebra la comunicación, quiebra la confianza”.
Además, ese documento contenía evidencias que el GIEI consideró poco sólidas. “Fue una desilusión”, añade Angela Buitrago, “en el sentido de que veníamos trabajando muy de la mano con la COVAJ, con la UEILCA, con todo lo que habíamos proyectado desde el principio, que era una coadyuvancia real”.
Los expertos hablan en entrevista con MILENIO, minutos después de terminada la conferencia de prensa en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la que entregaron el informe final del GIEI y anunciaron que cesa sus trabajos el 31 de julio porque “ya no hay a dónde ir”, impedidos de conocer la información en poder de Sedena y Semar, a pesar de reiteradas órdenes del presidente López Obrador de que les dieran acceso a la totalidad de sus archivos y al personal involucrado en los hechos de Ayotzinapa.
El GIEI denunció un sabotaje sistemático a lo largo de los años, con una situación que el año pasado se agravó a partir de la presentación del informe COVAJ y de la cancelación inexplicada de 21 órdenes de aprehensión, en septiembre de 2022:
“Categóricamente, aquí hubo una intervención política”, señala Buitrago, “y la Fiscalía no puede ceder a la intervención política”.
Esto provocó la renuncia del titular de la UEILCA, el fiscal especial Omar Gómez Trejo, con el reemplazo abrupto de su equipo por otro sin conocimiento del caso.
Los otros dos miembros del GIEI, Claudia Paz y Paz y Alejandro Cox, consideraron rotos los acuerdos con el gobierno y decidieron retirarse. Buitrago y Beristáin se quedaron porque era importante continuar el seguimiento, con la esperanza de volver a encarrilarlo, pues “hay que seguir adelante por los padres, por los muchachos, y llenarse nuevamente de fuerza para reconstituir una relación”, señala Buitrago.
“Si se hubiera quebrado todo y nos hubiéramos ido del país diciendo ‘no hay nada que hacer’”, añade Beristáin, “no hubiéramos tenido la información sobre la intervención de la Marina, incluyendo lo que sabemos que tiene y no nos han dado; no hubiéramos tenido el análisis de la información de Sedena; no hubiéramos tenido el análisis de telefonía de todos los actores que hemos mostrado en el informe de hoy; no hubiéramos tenido el análisis de la actuación del sistema”.
Que la justicia funcione
A pesar de su empeño, las negativas y engaños de los militares llevaron al GIEI a un punto en el que se quedó sin alternativas y decidió declarar el fin de sus tareas. Eso no significa, sin embargo, que el caso Ayotzinapa haya llegado a un callejón sin salida, pues la fiscalía especial, con su nuevo equipo, tiene que seguir adelante, anima Buitrago:
“Yo creo que uno debe conservar la convicción de que tiene que funcionar la justicia. Efectivamente, hay cosas que ellos mismos tienen que apresurarse a conocer, porque son procesos en los que, si se pasa el tiempo, se pierden muchísimas cosas. Pero yo aspiro a que en el espacio que se tiene hacia futuro, también se recapacite en la labor de un funcionario de justicia, pues no puede ser ni política ni condicionada por órdenes políticos”.
“Lo que creo es que la justicia tiene que ser justa y tiene que trabajar con derroteros claros”, concluye Ángela Buitrago. “Espero que la Fiscalía Especial lo haga”. El GIEI “ha dejado sugerencias” en la sección final de su último informe, “aunque yo digo sugerencias, pero según el mandato (otorgado al GIEI por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio”.
FR