El gobierno federal solicitó información de las carpetas de investigación del caso de Giovanni López al gobierno de Jalisco por el probable uso excesivo de la fuerza.
A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, también de requirió conocer otro caso en Tijuana, Baja California.
El primer caso, preciso la Segob, se trata del joven identificado como Giovanni López, quien fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía ministerial supuestamente por no portar cubrebocas como se observa en un video difundido el pasado miércoles en redes sociales.
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La dependencia detalló que de acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y al día siguiente fue reportado como fallecido.
"El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro) para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad", refirió Gobernación en un comunicado.
Por otra parte, señaló que también a través de redes sociales circuló un video del pasado 28 de febrero en el que se observa que es detenida en una gasolinera una persona en situación de calle, quien falleció supuestamente en custodia de la policía municipal de Tijuana.
“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó el subsecretario Alejandro Encinas.
Destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del coronavirus covid-19, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública y refrendó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.
El subsecretario Alejandro Encinas conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia.
“No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, enfatizó.
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