El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Omar Gutiérrez Lozano, ratificó este martes ante la Cámara de Diputados la demanda de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza, a quien se acusa de vulnerar el principio de división de poderes por ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar en 24 horas a dos magistrados como integrantes provisionales de la Sala Superior.
Tras la ratificación del escrito, la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el Palacio de San Lázaro, encabezada por Luis Genaro Vázquez, turnó el caso a la Subcomisión de Examen Previo para determinar el trámite.
Como representante legal de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Gutiérrez Lozano se presentó a ratificar la demanda de juicio político interpuesta ayer por la tarde ante la Cámara de Diputados.
En el escrito firmado por Alcalde se afirma que el juez De la Peza emitió una suspensión “claramente excedida de sus atribuciones y contraria a la Constitución”, por lo que pidió su destitución e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
“El Juez de Distrito vulneró el principio de división de Poderes que debe regir todo Estado democrático de derecho ya que, por desconocimiento del marco constitucional vigente, o por dolo, mala fe y abuso en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, emitió una suspensión claramente excedida en sus facultades y contraria a la propia Constitución, en la que ordena a la presidencia y al pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como máxima autoridad en esa materia, a suplantar las atribuciones constitucionales de otro Poder de la Unión, específicamente de la Cámara de Senadores”, señala la solicitud de juicio político.
El juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó el pasado viernes al TEPJF nombrar provisionalmente a las dos vacantes de la Sala Superior en un plazo no mayor de 24 horas para que de inmediato sesione con el pleno completo.
No obstante, el órgano jurisdiccional acordó negar el trámite a la orden del juez De la Peza y denunciarlo penalmente por haber excedido sus facultades y violar a autonomía e independencia de la Sala Superior.
LG