El ex fiscal electoral y próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que no se puede responsabilizar a Brasil por la falta de información en el caso Odebrecht, por lo que pidió a la PGR explicar si se hizo mal alguna solicitud.
Sin embargo, aseguró que en éste y todos los casos de corrupción el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegará hasta las últimas consecuencias.
Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, Nieto Castillo felicitó al organismo por ordenar hacer públicos los documentos relacionados con la empresa brasileña.
“No pienso decir nada de Odebrecht porque luego dicen que estoy ardido, pero tengo que reiterar mi reconocimiento al INAI por la resolución de Odebrecht, porque manda un mensaje claro de que no puede haber intocables en el país.
“El caso de Odebrecht, o cualquiera que sea necesario, debe llegar hasta las últimas consecuencias para ejercer la acción penal o los casos de responsabilidad administrativas en contra de los servidores públicos que han violado la voluntad ciudadana para enriquecerse de los cargos y de los espacios de poder”, aseguró.
Recordó que Raúl Cervantes, al dejar la Procuraduría General de la República dijo que la investigación estaba concluida y se tenían los datos desde Brasil que vinculaban a cinco funcionarios mexicanos, “se tiene que clarificar por parte de la PGR y no se puede responsabilizar a Brasil por malas solicitudes”.
“Necesitamos enviar un mensaje sobre cero tolerancia a la corrupción”, remató.
“No se trata de cacería de brujas, cuando hay eso es porque se busca al principio de un sexenio legitimarse, no es el caso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ganó con más del 50 por ciento de los votos. Lo que es muy claro es que en ese y en todos los demás casos tiene que prevalecer el Estado de derecho y sancionar a los responsables, llámese como se llame”.
Santiago Nieto también criticó la sentencia a Javier Duarte, y que fuera el MP que propusiera abreviar el proceso, además de que la Secretaría de Hacienda, como víctima del daño al erario, no pidiera revisión o impugnara dicha resolución del juez. “58 mil pesos y 40 inmuebles insuficiente para garantizar el daño”.