El gobierno capitalino presentó el proyecto del reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios de la Ciudad de México que contempla la instalación de videovigilancia conectada al C5, las 24 horas y los 365 días del año para su monitoreo, así como una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar de cinco a 10 años de prisión a quienes comercialicen con restos humanos.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas, explicó que el reglamento actual de la ciudad tiene 38 años y sólo regula cementerios, por lo que ahora se establecerán requisitos y obligaciones para diversas entidades.
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“En el anterior reglamento no se sancionaban, por ejemplo, a los crematorios privados o no se tenía respecto a los cementerios privados, ahora ya se establece una obligatoriedad para todos ellos de informar puntualmente de cuántas inhumaciones, cuántas cremaciones, etcétera, que ahora sí se está haciendo”, expuso.
Las autoridades responsables en el cumplimiento de las disposiciones de los cementerios serán: la Consejería Jurídica, alcaldías, Secretaría de Salud, Instituto e Verificación Administrativa, Secretaría de Medio Ambiente, de Administración y Finanzas, del Trabajo y de Seguridad Ciudadana.
En el caso de las alcaldías, administrarán, operarán y supervisarán los cementerios civiles y crematorios públicos; supervisarán al personal que labora en los cementerios civiles, así como el control de las actividades de los prestadores de servicios externos.
La Consejería Jurídica autorizará el establecimiento y operación cementerios y crematorios, administrará el Sistema de Registro de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios.
La Agencia de Protección Sanitaria se encargará de realizar la vigilancia sanitaria y fijar los requisitos en materia higiénico-sanitarias. El Invea realizará visitas de verificación administrativa, y ordenará ejecutar las medidas de seguridad e imponer sanciones.
La Secretaría de Administración y Finanzas llevará el control y registro de las personas encargadas y personal adscrito a SAF cementerios y crematorios públicos en cada demarcación territorial.
En cuanto a los administradores, las alcaldías deberán contar con una unidad administrativa encargada de administrar cementerios y crematorios, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno o la Dirección General de Gobierno, según su estructura. Designarán a una persona responsable de cada cementerio oficial y/o crematorio público que se encuentre en su demarcación territorial.
Los concesionarios serán los responsables de la operación de crematorios y cementerios a través de su representante legal.
Los cementerios, en sus diferentes modalidades contarán con un archivo físico y digital para su administración. Para ello, precisó Vargas, la Consejería Jurídica y la Agencia Digital de Innovación Pública diseñarán un sistema para digitalizar la información.
Además, el proyecto prevé establecer requisitos mínimos para los administradores como escolaridad mínima de nivel bachillerato y experiencia comprobable de dos años en materia administrativa.
Para la operación del servicio en los cementerios se establecen diversos requisitos como bitácora con el registro de las entradas y salidas del personal que labore, así como de las personas que presten sus servicios externos; y prestación del servicio de las 08:00 a 15:00 horas de lunes a domingo.
En cuanto a la seguridad de los cementerios y crematorios se propone que la vigilancia perimetral de los cementerios sea la adecuada para evitar la comisión de acciones delictivas en los mismos y la instalación de videocámaras con conectividad al C5, las 24 horas, los 364 días del año para su monitoreo.
La autoridad local revisa con diversos sectores como alcaldías y organizaciones civiles la nueva propuesta de reglamento para recibir observaciones y publicarlo la próxima semana.
Asimismo, el gobierno capitalino enviará una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar conductas ilegales cometidas en los cementerios y servicios funerarios.
“En el caso de la comercialización, que es el tipo penal que estamos poniendo hay una sanción de cinco a 10 años de prisión, si es que se comercializan con restos humanos áridos.
"Ese tipo penal no se encontraba, la comercialización no se encontraba, solamente se encontraba el tipo penal de, relativo a la violación de un sepulcro o exhumar, ocultar o destruir a personas fallecidas o restos humanos, etcétera, ese tipo penal sí existía, pero no existía la comercialización que es un fenómeno que hemos estado observando recientemente”, detalló Vargas.
FS