El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "para demostrar voluntad política y generar verdaderas esperanzas de poner fin a la continuada crisis de atrocidades e impunidad, está obligado a tomar decisiones valientes", por lo que debe crear una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y perseguir causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción, consideró Open Society Justice Initiative en su informe "Atrocidades Innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México".
Este informe menciona que es el "primer análisis profundo de los crímenes de lesa humanidad cometidos en México a través del examen de las actividades de las fuerzas de seguridad federales desplegadas de forma extensa en el territorio mexicano desde diciembre de 2006.
También incorpora también el examen de estos crímenes (algunos de los peores actos de violencia jamás vistos en México) cometidos por un actor no estatal: el cártel de los Zetas.
Y destaca que "si el gobierno mexicano desea demostrar su clara voluntad política y la capacidad para poner fin a la crisis, deberá tomar medidas valientes; éstas deberían potenciar la buena voluntad internacional hacia México e inyectar objetividad y conocimientos al sistema de justicia penal como los cimientos necesarios para generar confianza en la sociedad".
Open Society Justice Initiative investigó y redactó este informe junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
La administración del presidente Enrique Peña Nieto "ha descubierto que no es posible escapar de la crisis dual de atrocidades e impunidad en México. La sociedad mexicana, que ha vivido una larga desilusión con el sistema de justicia penal, se ha vuelto incluso más escéptica respecto a la autoridad del Estado y es poco probable que deposite su fe en nuevas promesas de reforma que aún no han sido probadas" señala el informe que se presenta este jueves.
Se considera que "el hecho de restarle importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central de la historia de impunidad de México. Un gobierno que no desea reconocer desapariciones, asesinatos y torturas – especialmente cuando son cometidos por actores del Estado— termina por oscurecer los datos que describen la magnitud de estos delitos".
Añade que "las familias han quedado frustradas y enardecidas en tanto los funcionarios del gobierno contabilizan las desapariciones con datos incompletos o criterios poco claros, para después anunciar estimaciones totalmente divergentes sobre el número de desaparecidos. El gobierno prácticamente no ha realizado esfuerzo sistemático alguno para ubicar las fosas comunes clandestinas, o para exhumar y contabilizar los cuerpos en las decenas de fosas que se han encontrado a lo largo y ancho del país".
En sus recomendaciones al gobierno mexicano, se menciona que para crear una entidad de investigación internacional México deberá iniciar un amplio proceso de consultas que incluyan a la sociedad civil. Esta entidad debe tener como mandato: investigar de manera independiente los crímenes atroces y grandes casos de corrupción, y presentar estos casos ante los tribunales de México.
Además de proporcionar asistencia técnica a la Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma al sector judicial y someterlas a consideración del gobierno, el Congreso y el público en general.
También deberá producir informes públicos sobre el estado de la reforma del sector judicial y el estado de derecho en México, así como los avances de la justicia penal en materia de desapariciones, torturas y asesinatos.
Esa entidad debe contar con la potestad de concertar acuerdos de protección de testigos con agencias nacionales confiables y otros Estados. Su mandato debe ser renovable y lo suficientemente largo en primera instancia – por lo menos más largo que un periodo presidencial – a fin de garantizar que contará con el tiempo necesario para llevar a cabo investigaciones complejas, labores de análisis y elaboración de informes.
A mediano plazo, el gobierno también debe adoptar tres medidas adicionales para abordar la crisis de impunidad: con la creación de equipos integrados para investigar las desapariciones.
El gobierno debe crear unidades integradas dentro de la fiscalía adjunta de derechos humanos para buscar a personas desaparecidas y preparar cargos penales contra los autores.
Estas unidades deben ser de naturaleza multidisciplinaria, que incluya fiscales, investigadores de la policía y trabajadores sociales, y debe contar con primacía en cada una de las investigaciones que hayan iniciado. Se debe enfatizar el análisis del contexto y del patrón delictivo.
Todo el personal debe ser evaluado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que no haya incurrido en abusos de derechos humanos en el pasado.
Las unidades deben operar bajo el escrutinio de un consejo supervisor compuesto por el fiscal general, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una persona designada por el Congreso y representantes de la sociedad civil, incluidos los grupos de las víctimas.
Las unidades y el consejo supervisor deben celebrar reuniones frecuentes con las familias de los desaparecidos con el objeto de compartir datos actualizados sobre los casos, identificar desafíos comunes, y solicitar ideas y comentarios.
La Oficina del Alto Representante de la ONU debe recibir una invitación para que pueda enviar un representante a cada reunión y por separado cada unidad debe discutir.
EB