El Gobierno Federal realizará una subasta de bienes por medio del Instituto para Devolver al Pueblo Robado (INDEP), la cual tendrá como sede a Nuevo León, los días 30 y 31 de enero.
De acuerdo a la convocatoria del INDEP, la subasta está integrada por un total de 505 lotes, que están integrados por un millón 817 mil 9 bienes muebles, entre automóviles, una aeronave y mercancía diversa.
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La convocatoria detalla que se trata de 189 lotes de vehículos con un rango de precios de 7 mil 900 pesos a los 277 mil 900 pesos, además de 161 lotes de vehículos no aptos para matricular, que van desde los 14 mil 700 pesos hasta los 43 mil 400 pesos.
También se subastarán 154 lotes de mercancía diversa, con un rango de precios de 9 mil 800 pesos hasta los 387 mil 800 pesos, así como un lote de aeronave, con un valor de 27 mil 300 pesos.
El artículo a subastar que menor precio tiene es el que consta de un Nissan Sentra XE, del año 2001, correspondiente al lote 491, con un precio de salida de 7 mil 900 pesos, mientras que el de mayor valor es el lote 376, que tiene un valor de 387 mil 700 pesos, que consta de cinco mil 650 kilogramos de refacciones.
En el caso de la aeronave, se trata de un avión fumigador marca Air Tractor AT-301, Modelo 1974, localizado actualmente en Sonora.
Las fechas para el registro y recepción de garantías de seriedad se realiza actualmente y hasta el 30 de enero, día del primer día de subasta, en los módulos de Atención a Compradores del INDEP, las delegaciones regionales y de forma electrónica en http://presencial.sae.gob.mx/.
Apenas este 22 de enero fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que el Servicio de Administración de Bienes y Activos (SAE) cambió su nombre al de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), el cual seguirá siendo un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal agrupado al sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El INDEP ofrece a la ciudadanía, mediante procesos comerciales, la posibilidad de que adquieran bienes de particulares, entre ellos servidores públicos, que se hayan obtenido mediante actividades ilícitas y que hayan sido asegurados por las autoridades.