El gobierno federal presentará hoy su iniciativa de reformas constitucionales y legales al sistema de justicia penal, que prevé darle validez en un juicio a pruebas obtenidas de manera ilegal, al argumentar que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ese sentido.
Además, impulsa la retención inmediata de los posible delincuentes hasta por 48 horas en casos de urgencia o flagrancia; el arraigo de 40 días para todos los delitos y de el doble para delincuencia organizada.
En el paquete de nueve iniciativas que serán presentadas este miércoles a la Junta de Coordinación Política del Senado por los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo; el jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; así como por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, se propone hacer obligatorio el trabajo penitenciario.
Además de que los ciudadanos que cometan delitos administrativos tendrán que realizar trabajo comunitario o enfrentar arrestos de hasta 36 horas y multas.
Por lo que toca a la validez de las pruebas ilegales, se señala que “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.
Con información de Rubén Mosso