Admite el gobierno retroceso en tasa de homicidios dolosos

El gobierno federal admitió que la estrategia de seguridad tuvo un retroceso en el rubro de homicidios dolosos, los cuales aumentaron y se ubicaron en niveles del sexenio pasado.

De acuerdo con el sexto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes fue de 18.3 en 2012, y de 20.5 en 2017.

La actual administración se propuso bajar estos homicidios y, lejos de ello, está cerca de duplicarlos. La tasa hasta junio pasado asciende a 11 por cada 100 mil habitantes y se acerca a la meta sexenal de 12.8. Sin embargo, aún falta contabilizar la mitad del año.

Al precisar que la mitad de los asesinatos están vinculados con delitos del fuero común, Presidencia negó que exista “una crisis generalizada”, pues los hechos de violencia están focalizados, particularmente en los cruces fronterizos con Estados Unidos.

Explicó que son varios factores los que incidieron en esta situación, como que México está haciendo frente al crimen organizado con un diseño legal e institucional que data del siglo XX y, en consecuencia, no responde a las realidades del siglo XXI.

“Los resultados de la estrategia de seguridad son diferenciados. Si bien predominan los resultados positivos en los delitos de alto impacto, también hay algunos rubros con bajo avance, o incluso con retroceso. Detrás del incremento de los homicidios dolosos hay causas externas e internas”, señala el documento.

A nivel externo, indicó, han influido los cambios en las dinámicas de los mercados ilícitos transnacionales, en los que destaca el aumento de la demanda de drogas en EU, especialmente de opiáceos, además del creciente flujo ilícito de dinero y de armas desde esa nación hacia México.

“Uno de los principales detonadores de la violencia regional es precisamente el ingreso a nuestro territorio de armas de alto poder”, puntualizó.

Consideró que en el ámbito interno la mayor incidencia de asesinatos se explica porque prevalece una enorme disparidad entre las capacidades de las instituciones federales y locales, a pesar del gran esfuerzo para impulsar la profesionalización de estas últimas. “Esto es importante porque, actualmente, la mitad de los homicidios están relacionados con delitos del fuero común, como secuestro, robo o pandillerismo”.

“El Ejecutivo federal propuso —en diciembre de 2014— la adopción de policías estatales únicas como la mejor vía para contar con policías profesionales, confiables y eficaces.

“En otras palabras, esta iniciativa busca transitar de más de mil 800 cuerpos policiacos —que son los que actualmente operan en el país— a 32 corporaciones estatales únicas”, indicó.

Expuso que si bien durante los primeros cuatro años de gobierno se logró reducir los índices delictivos, gracias a la coordinación interinstitucional y al uso de inteligencia, “en los últimos dos años dichos índices han recuperado los niveles del sexenio pasado”.

RECURSOS HUMANOS

El Informe precisa que en 2012 había 52 mil 35 policías federales, cifra que fue incrementándose hasta llegar a 55 mil 855 en 2015; a partir de ese año fue descendiendo cada año hasta llegar a 53 mil 121 hasta junio pasado.

En cuanto a los delitos denunciados en el fuero federal, el gobierno inició en 2012 con 125 mil 328, pero disminuyeron año con año hasta llegar a 56 mil 621; asimismo, durante el sexenio desaparecieron 77 centros penitenciarios.

Los datos de 2017 reflejan una baja considerable de las averiguaciones previas, debido a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en junio de 2016, con 42 mil 643; un año antes hubo 76 mil 141.

Sin embargo, 76 mil 762 regresaron a los juzgados por falta de elementos. Con el nuevo sistema de justicia, de las 98 mil 381 carpetas de investigación que se abrieron en 2017, solo 15 por ciento se judicializó (14 mil 929).

La tendencia se mantuvo durante los primeros seis meses de este año, cuando de las 29 mil 608 carpetas abiertas, solo 8 mil 479 resultaron en el ejercicio de una acción penal.

CONTRA LA VIOLENCIA, 52 MIL MILITARES POR MES

En el sexenio se realizó un esfuerzo sin precedente para fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas, pues “es claro” que el país no puede prescindir de su apoyo en los próximos años en la lucha contra la delincuencia, señala el sexto Informe de gobierno.

La administración federal indicó que el Ejército y la Fuerza Aérea desplegaron un promedio mensual de 52 mil elementos en operaciones para reducir la violencia, apoyo a la seguridad pública y vigilancia de instalaciones estratégicas, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018.

En este mismo periodo, la Armada de México ejecutó 11 mil 358 operaciones contra el narcotráfico, en las que participaron un promedio mensual de 2 mil 885 efectivos.

El gobierno dio un fuerte impulso a la renovación de la flota de las fuerzas armadas, cuyo despliegue —junto con la Policía Federal— en distintas entidades “no ha pretendido suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales.

“En todos los casos, su actuación deriva de la solicitud de los gobiernos estatales y del hecho de que muchas corporaciones fueron rebasadas por la delincuencia”.

La Sedena adquirió 6 mil 400 automotores, 21 por ciento más que el sexenio pasado; además de 143 aeronaves (102 aviones, 41 helicópteros y tres aparatos no tripulados), es decir cinco veces más que en la pasada administración.

La Marina compró 47 aviones y 30 helicópteros, reemplazando 50 aeronaves antiguas, con lo que su flota creció 35 y 14 por ciento, respectivamente.

“Es fundamental delimitar la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública e interior. El objetivo es dar certeza y definir competencias precisas; porque, lo que es claro, es que en los próximos años y dadas las condiciones imperantes, el país no puede prescindir de su apoyo subsidiario”, dice el Informe.

También destaca que para cumplir eficazmente su misión de servir y proteger a la comunidad, en este sexenio se fortalecieron las capacidades institucionales de la Policía Federal y que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018 fueron detenidas más de 125 mil personas por delitos contra la salud y conexos, se aseguraron más de 52 mil armas de fuego, 79 vehículos terrestres, 163 aéreos y 361 marinos.