El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), Luis Eduardo Gómez García, señaló que en el último año atendieron 20 por ciento más denuncias ciudadanas relacionadas con minas de extracción de materiales pétreos ilegales y en los últimos meses han clausurado algunas por distintos motivos.
“Las sanciones pueden alcanzar hasta los 4 millones de pesos, normalmente han sido de 400 mil o 500 mil pesos, especialmente, porque hay muchas minas que tienen actividad desde hace varios años y no han renovado sus permisos”.
Apuntó que revisan que cumplan con su Dictamen Único de Factibilidad (DUF), que incluye el dictamen de impacto ambiental para la extracción de materiales, además de acatar las condicionantes y términos de ley que establece la Secretaría del Medio Ambiente.
Con la construcción del aeropuerto en Texcoco -dijo- se intensificaron las denuncias por la proliferación de minas irregulares, aunque han hecho las inspecciones correspondientes y se acercaron muchos mineros a presentar sus autorizaciones y permisos.
“No solo son denuncias por el desarrollo, ha habido muchas sanciones a las minas que no cumplan con la normatividad ambiental, no cuenten con sus permisos, se ha impuesto la clausura y se les deja como medida de compensación solicitar el permiso correspondiente”.
Detalló que en el Nevado de Toluca las denuncias han disminuido porque se cumple con la normatividad ambiental.
"En total en número de inspecciones son 789 en todas las ramas: en industria, minas y construcción".
Durante su reunión con integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), recordó que el programa de Auditoria Ambiental es voluntario y este año habrá 33 por ciento más empresas certificadas, en 2017 –añadió- entregaron 124 certificados de Industria Limpia, Empresa Limpia y Logro Ambiental.
“Este año al 30 por ciento de los centros de verificación vehicular cuentan con el distintivo de logro ambiental”.
Actualmente –resaltó- tienen un padrón de 13 auditores registrados, quienes son los encargados de realizar este proceso que no busca sancionar sino acompañar a las empresas en el proceso que busca verificar que las acciones de las empresas no dañen el suelo y el agua, el manejo de residuos de manejo especial, las prórrogas y el cumplimiento de las condicionantes.
LC