El gobierno del Estado buscará que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con autorización del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), congele las cuentas bancarias de funcionarios morenovallistas acusados e investigados por cometer corrupción.
Así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien calificó como "viable" acercarse a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno federal para encaminar las investigaciones por presunto desvío de recursos públicos.
"No lo hemos hecho, es una idea bastante viable que comencemos a pedir a Inteligencia Financiera el congelamiento de cuentas por presuntos desfalcos, desvíos".
El mandatario indicó que durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad se permitió la corrupción no solo a través del patrimonio económico que servidores públicos ostentaron, sino también porque abusaron de sus funciones.
"Son tremendos, aquí en Puebla se tejió una red de corrupción muy elaborada, no es solamente cuántas cuentas y propiedades tienen porque las tienen a nombre de otras gentes, sino todo lo que abusaron del poder".
El pasado 9 de febrero Barbosa Huerta reveló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia contra 8 extitulares de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) por presuntamente desviar 544.5 millones de pesos a través de 194 empresas fantasma y factureras irregulares.
Entre los involucrados se encuentran el ahora senador Roberto Moya Clemente, Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio.
De igual manera los subsecretarios de Egresos y Administración, Eduardo Tovilla Lara y Rafael Ruiz Cordero, así como el director de Administración, Raúl Egremy Palomeque.
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