Un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados denominado (CEFP) “Impuesto Predial, análisis y alternativas para mejorar la capacidad recaudatoria en los municipios de México”, identificó algunas de las problemáticas que los municipios enfrentan a la hora de recaudar el impuesto predial.
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Éstas son una dependencia de los recursos federales, otorgar exenciones y trato preferencial, ponderar los costos políticos, contar con capacidades institucionales limitadas, la falta de transparencia, así como una falta de actualización catastral.
“La recaudación del impuesto predial presenta diversos obstáculos. Estos focos de atención van de las deficiencias en las capacidades técnicas y operativas de las autoridades municipales hasta el escenario del costo político que implica implementar una política agresiva de recaudación tributaria, todo ello aunado a una escasa cultura del pago de impuestos por parte de la sociedad”, señala el documento emitido por el CEFP.
En cuanto a la dependencia de los recursos federales, el documento refiere que la falta de mecanismos de las autoridades locales para la recaudación, poca continuidad en los procesos administrativos y la escasa cultura tributaria, vienen a ser un factor determinante en la baja recaudación del impuesto, pues la presencia de recursos federales se puede presentar como una alternativa confortable que inhibe los esfuerzos de los ayuntamientos.
Sin embargo la reducción de las participaciones federales deberá orillar a cambiar de perspectiva.
Otro factor que inhibe la correcta recaudación del impuesto son exenciones para los inmuebles que pertenecen a organismos gubernamentales como delegaciones federales, edificios de gobierno, hospitales y escuelas, así como para obras de infraestructura como aeropuertos y autopistas.
“Estos últimos, no se exentan mediante una disposición constitucional (únicamente las refinerías se exentan constitucionalmente de esta contribución), sino a través de un título de concesión a empresarios privados otorgado por las autoridades federales, lo que genera fugas en la recaudación total”, señala el documento.
Tal vez uno de los lastres más claros a los que se enfrenta el municipio es el costo político que representa la carga impositiva a sus habitantes, medida que resulta impopular, pero al ser un recurso necesario no se puede soslayar la importancia de su recaudación
Así al referirse al costo político de tales medidas el estudio señala que:
“En este sentido, las autoridades evaden la responsabilidad de asumir los costos de implementar políticas agresivas en materia de tributación que pueda ser afrontado con costos en la arena electoral.
"En ocasiones, la ausencia de obligatoriedad en la continuidad de los planes de desarrollo municipal al término de una administración desincentiva a las autoridades para implementar los cambios requeridos debido a que los beneficios no serán observados en el corto plazo”, indica el estudio.