El proyecto para dividir en dos el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la capital del estado, a fin de resolver la sobrepoblación que actualmente enfrenta tiene un costo de 2 mil millones de pesos, reveló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
En conferencia de prensa virtual, el titular del Ejecutivo estatal destacó que la obra será realizada con recursos del erario de Puebla ante la ausencia de un fondo federal para ello, pero no reveló cuándo comenzará a preparse el inmueble ni el punto específico para su ubicación.
“Estamos nosotros buscando fondear un reclusorio que divida al de San Miguel, es lo que estamos logrando y queriendo hacer. Nos cuesta 2 mil millones de pesos, estamos queriendo fondearlo con recursos propios, así de sencillo, no hay un recurso federal que esté destinado para ello”, comentó Barbosa Huerta.
Asimismo, el mandatario poblano rechazó la posibilidad de echar mano de un contrato de Asociación Público Privada (APP) para construir un nuevo reclusorio, ya que cuando se lo ofrecieron, significaba aumentar 20 mil millones de pesos a la deuda pública del estado, que para entonces ya ascendía a 50 mil millones de pesos por proyectos como la plataforma Audi, el Centro Integral de Servicios (CIS) o el Museo Internacional Barroco (MIB), entre otros más de anteriores administraciones.
“Las empresas ponen todo, construyen y después a las empresas les empiezas a pagar una cantidad inmoderada porque son los que se encargan de manejar el reclusorio, pones a tu estado una deuda de más de 20 mil millones de pesos, les dije no, conmigo no cuenten para ese tipo de proyectos, yo no soy de esos, descarten esa posibilidad”, expuso
Además, Miguel Barbosa comentó que otra estrategia para resolver el hacinamiento en las cárceles de Puebla es solicitar a la Federación que traslade a penales de dicho nivel a los internos más peligrosos y que ya comienzan a tener control e influencia para provocar actividades criminales, con el objetivo de inhibir “autogobiernos” que pudieran estar presentes en los centros penitenciarios.
AFM