Discusión sobre GN no es políticamente viable en 2024, reconoce Adán Augusto

En su visita a Hidalgo el titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal aseguró que el proceso electoral dificultaría la discusión de esta reforma constitucional

Adán Augusto López Hernández Secretaría de Gobernación del gobierno federal (Jorge Sánchez)
Pachuca; Hidalgo /

Debido al contexto que se vivirá en 2024 con un proceso electoral que renovará diversos cargos a nivel nacional, en el que se incluye la presidencia de la República, no era políticamente viable discutir la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional (GN) con las diferentes fuerzas en las cámaras, por lo cual se hizo en este año, reconoció el titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal Adán Augusto López Hernández.

La iniciativa, aclaró el funcionario federal, se presentó el pasado dos de septiembre y se votó en el Congreso de la Unión el 10 del mismo mes, ya que se requiere de esa apertura política y consenso para que dos terceras partes de cada cámara, federal y locales, se ampliará la presencia de la GN, la cual se concluiría en marzo de 2024, al mismo mes de 2028, aunque desde el gobierno federal no se pensó adoptarla, pero en pleno proceso electoral sería más difícil.

En conferencia de prensa y ante pregunta expresa de este medio sí la decisión tenía que ver con temor al aumento de inseguridad derivado de la elección, Adán Augusto expresó: “cuando dije que se tomó la decisión de impulsar la propuesta de Yolanda de la Torre Valdez (diputada federal por el PRI), lo hicimos porque creímos qué políticamente era lo más adecuado; en abril de 2024 cuando todos están inmersos en los procesos electorales y la decisión fue adelante ese debate”, negando un posible aumento de incidencias delictivas por los comicios.

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López Hernández confirmó la posibilidad de que un perfil emanado de las fuerzas militares pueda contender por la presidencia de la República, ya que cualquier persona tiene derecho de participar en los procesos electorales, lo cual está regulado por la Ley.

“Un militar puede participar en actividades políticas y puede ser presidente de la República, en este país alguien de creación militar tiene el derecho de aspirar y no sólo en el caso de un militar, sino de todos quienes reúnan los requisitos para competir, hay una legislación electoral que regula esta situación; no hablo de una candidatura o perfil definido, sino que no se puede negar esa posibilidad”.

En lo que respecta al apoyo para que desde el Congreso de Hidalgo se respalde la reforma constitucional para ampliar la presencia de la GN en el país hasta el 2028, el secretario de Gobernación rechazó la intención de militarizar al país, pues “las noches obscuras como Tlatelolco y Ayotnizapa afortunadamente quedaron atrás”, además de que es una corporación con 100 años de lealtad y honor como es el Ejército Mexicano quien tiene la preparación y disposición de proteger al pueblo.

Incluso, ante la réplica de un legislador del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la negativa a que el próximo presidente de la República decidiera si la permanencia de las fuerzas armadas en las calles sería la estrategia más adecuada para abatir la inseguridad en el país, Adán Augusto aseguró, “no se preocupe, seguramente el próximo presidente va ratificar que se queden hasta el 2028 para que ayuden a las tareas de seguridad en todo el país”.

Además de esto, evidenció la incapacidad de la policía municipal o estatal para contener y erradicar la inseguridad derivada de delitos del fuero común y federal, así como del crimen organizado, “si no está preparada, capacitada, no le vamos a ganar la batalla a la inseguridad”; por lo cual la reforma incluye la creación de un fondo en 2023, el cual se comenzará a aplicar hasta 2024, superior a los 20 mil millones de pesos, de los cuales se destinara el 40 por ciento a las fuerzas armadas y el 60 por ciento restante se repartirá entre estados y municipios para mejorar su fuerza pública,

“Este recurso sale de los miles y millones de pesos en cuentas bancarias congeladas, porque son recursos qué derivan de actividades ilícitas como extorsión telefónica, secuestro, entre otras que tienen que ver con el crimen organizado, son 20 y tantos mil millones de pesos que apoyarán a mejorar estas corporaciones”, sentenció.
  • Teodoro Santos

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