Tras cumplimentar la revocación de las concesiones de cobro y publicidad en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) con las empresas Conduent Solutions y 5M2, el gobierno estatal expuso la manera en que las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad cometieron presunta corrupción para constituir este sistema de transporte público para beneficiar a empresas privadas y que afectó las finanzas del estado.
En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa señaló que este modelo de transporte fue elaborado con el propósito de causar un daño deliberado patrimonial a Puebla, así como en otras obras realizadas durante los gobiernos panistas.
"Esto es monstruoso, el cumplimiento de su proyección provoca la anulación del gobierno como tal, vamos a ir a fondo, les doy mi palabra a las poblanos y poblanas", mencionó.
De acuerdo con el director de Carreteras de Cuota Puebla, Rodolfo Chávez Carretero, organismo a cargo de RUTA, en la edificación de las líneas 1, 2 y 3 se cometieron varias irregularidades, tales como declaración de infraestructura de menor precio, incumplimiento en la inversión privada pactada y otorgamiento de concesiones "incosteables sin retorno de inversión", por lo que la administración pública hará intervenciones al sistema, revocará contratos con las empresas beneficiadas y ejecutará acciones administrativas, civiles o penales contra ex funcionarios por otorgar "pagos indebidos".
"Hoy RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado con dolo, con una sobreestimación y sobreprecios tanto en operación como en concesiones", dijo el funcionario.
Carretero Chávez indicó que los ex funcionarios bajo la lupa por la firma de contratos irregulares son los ex gobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, éste último en su calidad de secretario de Infraestructura en 2011; el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto; el ex secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente; el ex secretario de Administración, José Cabalán Macari Álvaro; y el ex secretario de Transporte, Gerardo Huerta Couttolenc.
Mencionó que uno de los ángulos que permitió encontrar posible corrupción en RUTA fue el manejo de un subsidio para costear los viajes por usuario, del cual se benefician las empresas a cargo de la operación de los camiones articulados, pues por cada pasaje de 7.5 pesos, el gobierno pone otros 12 pesos para cubrir los 19.5 pesos que cuesta en realidad un solo viaje por usuario.
En ese sentido, indicó que la medida obligaría al gobierno de Puebla a pagar hasta 234 mil millones de pesos por año a las empresas con la concesión de operar RUTA.
"(Las finanzas) se anularían, se morirían, no tenemos cómo hacer frente a eso", sentenció.
No obstante, el gobernador dejó en claro que los usuarios no serán afectados y podrán continuar con la utilización de las modalidades troncales o alimentadoras de este sistema de transporte público en cualquiera de sus trayectos.
mpl