La atención de las personas con discapacidad, así como otros sectores históricamente vulnerados, debe contar con un respaldo presupuestal para generar beneficios directos, aseveró el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar durante la instalación del Sistema Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad, pues sólo de esa forma se rompen los esquemas y paradigmas existentes en la entidad.
Para este efecto, apuntó el mandatario estatal, desde el Ejecutivo local se contempló una partida presupuestal para beneficiar a estas personas de manera directa, aunque no detalló el monto destinado para los programas sociales dirigidos a este sector de la población hidalguense; sin embargo, sí adelantó la coordinación con el gobierno federal para atender de mejor forma a este grupo, pues aunque se les otorga un apoyo económico de manera bimestral no cubre al grueso de la población de este sector.
“Hay cosas que hay que romper y sacudir, lo cual permite dirigir esfuerzos con estructura, con presupuesto, porque un proyecto que no tiene respaldo financiero es complicado, aquí sí lo hay, aquí va existir una política pública, ya está considerado en dos sentidos: complementar los programas sociales para las personas con discapacidad, porque el gobierno federal da cobertura hasta cierta edad, hasta los 29 años, por lo que vamos a colaborar y atender a las personas 29 a 65 años, esto en la medida de nuestras posibilidades”, manifestó.
Los apoyos
De acuerdo a las reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) relativas al Programa Bienestar de las Personas con Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2023, enuncia que se otorgará un apoyo económico bimestral a través de transferencia bancaria, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera, a cada uno de los beneficiarios, por monto de dos mil 950 pesos, aunque no se establece un número estimado de personas beneficiarias para este año.
Igualmente, destaca el documento, en Hidalgo existen 166 mil 965 personas con discapacidad total y permanente, 79 mil 771 hombres (47.77 por ciento) y 87 mil 194 mujeres (52.22), de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); además el grupo de edad con mayor índice de personas con discapacidad es el de 85 y más, con 16 mil 283 hidalguenses, seguido del rango de 65 a 69 años, con 14 mil 526, detrás de ellos se encuentra el de 70 a 74 años, con 14 mil 068; después, las de 60 a 64 años, con 13 mil 750, y en último lugar está el de 75 a 79 años, con 13 mil 624.
Respecto a las infancias de los 0 a los 9 años, hay un total de 10 mil 86 menores con algún tipo de afectación de esta naturaleza, ya sea física, mental o limitante. En cuanto a los tipos de discapacidad más comunes, la de mayor incidencia es: tipo visual, con 74 mil 924 hidalguenses; auditiva, con 41 mil 241; problemas de movilidad, 74 mil 106 casos; y la que engloba a las personas con dificultades para recordar o concentrarse tiene 31 mil 380 diagnósticos.
Participación activa en toma de decisiones
Con la instalación del Sistema Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad, Hidalgo se convierte en la primera entidad en contar con este órgano para atender a este sector de la población, no sólo a través de beneficios o programas sociales, sino con una participación activa de éste para generar las políticas públicas y acciones necesarias para mejorar su calidad de vida, consideró el director general de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) Alfonso Flores Barrera.
Destacó que con esta acción no sólo se cumple con una obligación de promover la participación efectiva y plena de las personas con discapacidad en la dirección de los asuntos públicos, sino que además responde a la deuda histórica con este sector poblacional, “nace el Sistema Estatal para la Integración Social como una garantía institucional en seguimiento a la línea de combate a la discriminación, impreso con el principio de progresividad, la reunión de voluntades, esfuerzos a vincular municipios, los tres poderes del estado y sociedad civil para delimitar políticas públicas aplicando el principio de transversalidad a las personas con discapacidad”.