La Universidad Autónoma de Puebla (UAP), a través de la Oficina de la Abogada General, a cargo Rosa Isela Ávalos Méndez, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra el gobierno del estado de Puebla que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, para denunciar violaciones a los derechos fundamentales de los poblanos y contra las libertades del rector, Alfonso Esparza Ortiz, y de funcionarios de la institución.
A través del documento que está marcado con el folio 2020/83326, la máxima casa de estudios solicita la intervención de la comisión que preside Rosario Piedra Ibarra, para que se analice la actuación del gobierno del estado.
En el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, específicamente, en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento, destaca la postura de la máxima casa de estudios.
Fuentes al interior de la UAP destacaron que el oficio fue presentado por la Oficina de la Abogada General, ya que se trata del área que se encarga de vigilar y fomentar el cumplimiento de la legislación universitaria, así como defender en asuntos judiciales y contenciosos, los intereses de la universidad y de sus integrantes.
Intervenir en defensa de los intereses de la universidad en los juicios que hubiera iniciado la Institución o que se interpongan en su contra, es una de las funciones principales de la Oficina de la Abogada General de la UAP que está a cargo de Rosa Isela Ávalos Méndez.
El pasado 2 de noviembre, el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios solicitó la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante los ataques que encabeza el mandatario poblano.
En su postura, el máximo órgano de gobierno destacó que los ataques contra el rector de la institución poblana son, también, contra la universidad y contra todo lo que ello representa, por ejemplo, contra los más de 105 mil estudiantes inscritos en 200 programas de bachillerato, licenciatura, nivel técnico superior y de posgrados.
“Nuestra democracia participativa y autogobierno, reconocidos por las diversas instituciones educativas del país, podrían cumplirse si la universidad fuera un botín o un mero instrumento en manos de un grupo dedicado a beneficiar a sus intereses personales”, agrega el posicionamiento.
El rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, está abierto a enfrentar cualquier tipo de señalamiento y a cometer los resultados de sus gestiones a revisiones de las instancias correspondientes, siempre y cuando, estas se mantengan la independencia e imparcialidad que se requiere en la materia, destacó el Consejo Universitario.
“Estamos seguros de que un gobierno estatal abierto y democrático apoyará la propuesta de que sus investigaciones y sus presuntas pruebas sean analizadas y acompañadas por instancias de justicia y auditoría federales; de lo contrario, estaríamos ante un nuevo indicio de que la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta tiene tendencias totalitarias y dictatoriales”, añade el documento.
AFM