La Ley de Presupuesto y Gasto Público que propuso el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, cuenta con dos caras: por un lado, evitar que los recursos públicos sean desperdiciados y, al mismo tiempo, se abre la posibilidad de controlar el gasto de los poderes Legislativo y Judicial, de los municipios y hasta órganos autónomos.
En el punto anterior coincidieron los investigadores en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Miguel Calderón Chelius y Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, respectivamente, quienes, por separado, resaltaron que existe la posibilidad de que la medida atenten contra el Artículo 115 de Constitución Política Mexicana que reconoce la autonomía de los municipios y quita sentido a la operación de organismo autónomos.
En entrevistas en diferentes momentos para MILENIO Puebla, tanto Calderón Chelius como Arellanes Jiménez destacaron que los ayuntamientos podrían recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia contra la ley una vez que sea aprobada por el pleno del Congreso local y entre en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial.
Para los investigadores, lo lamentable es que, por unanimidad, con apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, dominada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), haya avalado el lunes 26 de octubre, la iniciativa enviada por el mandatario.
Con la ley, el gobierno del estado tendrá un control de gastos sobre los 217 municipios, el Congreso del estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Tribunal Electoral del Estado (TEEP), la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa.
AFM