Las comisiones legislativas arrancaron el análisis de la iniciativa que pretende modificar la integración del Consejo de Evaluación de la Pobreza y garantizar que sean expertos quienes decidan la política social, así como ajenos al gobierno estatal para que no sean juez y parte.
El autor de la propuesta, Omar Ortega Álvarez, indicó que el objetivo es asegurar la imparcialidad del órgano, como es el caso del Coneval a nivel nacional para que los estudios y decisiones sean totalmente objetivas.
Los diputados vieron correcto el tema de cambiar esta instancia, pero contemplaron la posibilidad de darle autonomía o pensar si convertirlo en descentralizado porque son temas distintos. Aunque coincidieron que es necesario evitar el uso de la estructura oficial en las elecciones.
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Omar Ortega refirió que el problema de este consejo estatal es que está integrado por titulares del Ejecutivo, lo cual lo hace juez y parte, y como todas sus recomendaciones tienen carácter vinculatorio sí inciden en las políticas públicas del estado.
“Es complicado que se pueda decir que sus programas no están reuniendo los requisitos adecuados, que no tiene la población objetivo, que no llega a los beneficiados o que reconozca que puede haber duplicidad de padrones, es decir, que no dan certeza ni legitimad de los actos que haga el centro”, aseveró.
Por ello la propuesta es que un grupo de ciudadanos especializados en el tema, con un perfil indicado, sea quien dirija esos dos puntos: la medición de la pobreza y la evaluación de la misma.
Es tema, aseveró, es importante porque el asunto fundamental de campaña es el uso faccioso de los recursos, en especial de los programas, por lo cual la idea es poderlos controlar y garantizar un piso parejo, sobre todo ahora que se pugna por el equilibrio de poderes.
La bancada de Morena consideró inaceptable emplear de manera ilegal la estructura de gobierno y los programas sociales. Gerardo Ulloa refirió que se trata de una buena iniciativa, pero las fallas están en la forma porque se podrían duplicar las funciones y si fuera procedente sería necesario ir a una reforma constitucional.
Por su parte, Ingrid Krasopani Schemelesnky pidió no se condicionen los programas sociales. En tanto, Max Correa Hernández dio el visto bueno a llegar a la autonomía y garantizar que el consejo se integre por personas que hagan honor a su nombre, críticos, investigadores, gente propositiva para mejorar las políticas.
Mariana Uribe Bernal agregó que dichas medidas sin necesarias, sobre todo cuando se identifica que 57 por ciento de las denuncias electorales son por mal manejo de los programas sociales.
SGCF