El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta se conduce con un patrón de una dictadura y será responsable de lo que le pueda pasar al rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Alfonso Esparza Ortiz, a su familia y a los funcionarios universitarios.
Los puntos anteriores se establecen en la postura institucional que aprobó el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios, por mayoría de votos, durante la sesión extraordinaria que se realiza en formato virtual y a distancia.
Con 162 votos a favor y una abstención, los consejeros universitarios aprobaron el dictamen emitido por comisiones, con relación “a la persecución política de la que es objeto José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Puebla, por parte del Gobierno del Estado de Puebla”.
“Se denota el patrón de una dictadura. Las autoridades del gobierno del estado dejan de lado el respeto de los derechos humanos en perjuicio del prestigio de las personas y las instituciones. Desde este momento, denunciamos esa conducta que ya es una constante en la actividad de los poderes del estado de Puebla. Resulta impensable una universidad sin libertad de cátedra, sin investigación ni examen de ideas, discusión de pensamiento y determinación libre de sus programas de estudio. No concebimos ni remotamente, la posibilidad de una universidad que abandone su espíritu crítico y que asuma un adoctrinamiento basado en la sunción y en la orfandad de las ideas”, destaca el posicionamiento que leyó José Manuel Alonso Orozco, director del Complejo Regional Centro de la máxima casa de estudios.
El Consejo Universitario identificó al rector de la máxima casa de estudios y a su familia como el principal centro de los ataques de los poderes del gobierno del estado, por lo que, “responsabiliza, directamente al gobernador, de cualquier acto que atente contra los derechos fundamentales del rector, de su familia y de cualquier autoridad universitaria”.
Al mismo tiempo, el máximo órgano de gobierno de la UAP dio a conocer que apoya las acciones legales realizadas por su rector y demás autoridades universitarias para salvaguardar los derechos que los asisten.