La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhortó al gobierno del estado para que aclare el uso de 371 millones 379 mil 284.47 pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2022, siendo recursos ejercidos por la administración del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con la segunda entrega de cuenta pública de dicho ejercicio fiscal, se hicieron nueve señalamientos en contra de la administración estatal, de los cuales tres son pliegos de observaciones, tres corresponden a recomendaciones y tres más son solicitudes de aclaración.
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Son precisamente estás últimas acciones, en donde se hacen los señalamientos por los montos más grandes de recursos ejercidos, ya que en conjunto se pide la aclaración de 358 millones 405 mil 54 pesos.
En una primera observación, la ASF solicitó al gobierno poblano que aclare el uso de 222 millones 194 mil 512.50 pesos, relacionados al pago del contrato DABS-GESAL-179-362/SB/200/2022, referente a la construcción de viviendas, toda vez que hace falta documentación que aclare y justifique la aplicación del dinero que correspondía al Fondo de Infraestructura Social.
En una segunda solicitud, el órgano fiscalizador indica que se debe detallar el gasto de 71 millones 464 mil 96.80 pesos, mismos que también se relacionan a la ejecución de acciones para el mejoramiento de hogares, mediante el contrato DABS-GESAL-223-286/SB/238/2022.
La tercera aclaración se relaciona con el gastó de 64 millones 746 mil 445.17 pesos, que también fueron aplicados en el rubro de construcción de viviendas.
Cabe mencionar que las cantidades de dinero antes mencionadas, no representan un daño a las arcas públicas al tratarse de solicitudes de aclaración.
Presunto daño patrimonial asciende a 12.9 mdp
La ASF también alertó sobre un presunto daño patrimonial para las finanzas estatales, habiendo tres pliegos de observaciones por dichas acciones, de los cuales uno corresponde a 12 millones 401 mil 319.22 pesos, que se gastaron en 19 mil 924 acciones y que no tiene una documentación comprobatoria de uso.
Un segundo presunto daño patrimonial se señala por 361 mil 331.66 pesos por parte l concepto de proyectos ejecutivos de contratos a precio alzado, sin embargo, los conceptos no se encuentran contemplados dentro de los lineamientos del Fondo de Infraestructura Social.
El tercer monto señalado como presunto daño patrimonial es por 211 mil 579 pesos que se usaron en la ejecución de un proyecto de obra pública , sin contar con las modificaciones del proyecto.
AAC