Tras los operativos que autoridades estatales hicieron el martes pasado a restaurantes de integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa dejó en claro a los empresarios del comercio formal que no se sorprendan si también hay inspecciones para ellos.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que su gobierno solamente está haciendo cumplir los decretos que emitió para contener los casos de coronavirus en la entidad, sin importar si se trata de integrantes del comercio formal o informal.
"Estamos haciendo cumplir nuestros decretos para todos, que nadie se sorprenda que puedan llegar a sus negocios a hacer una revisión, una inspección, que nadie se sorprenda, comercio formal y comercio informal, porque nosotros sí tenemos atribuciones para hacerla, porque queremos ejercerlas, estamos obligados a ejercerlas, y no será con declaraciones públicas como harán que el gobierno no cumpla con sus funciones".
El martes, elementos de Protección Civil y Policía Estatal, así como de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) arribaron al restaurante La Noria, propiedad de la presidenta de la Canirac, Olga Guzmán, quien calificó la acción como intimidatoria por las exigencias que ha hecho al gobierno de Barbosa Huerta para permitir la reapertura de establecimientos de comida, ya que llevan más de tres meses sin recibir comensales.
Sin embargo, el morenista respondió a tales acusaciones y dijo que él no elige a quién se le hace una inspección o no, pero aseguró que seguirán aplicando este tipo de acciones para hacer cumplir la ley.
"De ninguna forma, yo no determino a quien se le hace una visita y a quien no, de ninguna forma, que no lo malinterprete la señora Olga, para nada, en absoluto, intimidatoria sobre quién, de verdad que no, así es que se equivoca, nosotros vamos a seguir aplicando la ley".
Ante el operativo, Fernando Treviño Núnez, titular de la Confederación Patronal de México (Coparmex) estatal, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Ignacio Alarcón, se solidarizaron con Olga Guzmán y pidieron al gobierno poblano que no los traten como delincuentes, a lo que el titular del Ejecutivo respondió que las inspecciones no son violaciones de derechos humanos.
"Las revisiones no son violaciones a derechos, solamente que, bueno, hay gente que se molesta, y reaccionan de manera solidaria diría yo con sus cercanos, y eso es normal".
mpl