Karen Berlanga Valdés, titular de la Secretaría de la Función Pública en la entidad, informó que siguen en la encomienda del gobernador Luis Miguel Barbosa para revisar las gestiones de los gobiernos del 2011 a la anterior a la que está en funciones, es decir, las que presidieron Rafael Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso Hidalgo, el periodo en el que Jesús Rodríguez Almeida fungió como encargado de despacho de la gubernatura y la suplencia de Guillermo Pacheco Pulido, para dar cumplimiento a las denuncias ciudadanas que recibieron ante presuntas irregularidades.
La funcionaria consideró necesario cumplir las revisiones, "porque son muy claros los principios de la 4T (Cuarta Transformación) y que es un principio de principios, de honestidad, legalidad, de saber la verdad, yo creo que ya es hora de que Puebla sepa y conozca la verdad. Muchas veces la verdad duele y muchas otras veces la verdad no es lo que esperábamos que era, en ese sentido por supuesto que se siguen las investigaciones, son necesarias y lo que comenta el gobernador en ese sentido, a partir de denuncias, a partir de auditorías, y, por supuesto, se les darán a conocer cuáles son los resultados".
La contralora evitó dar a conocer el tiempo que requerirán estas evaluaciones y auditorías. "Tenemos que ser muy responsables en cuanto a los tiempos, todo proceso lleva un tiempo determinado y ante eso tenemos que ser bien claros y bien sensibles".
Añadió que cada proceso lleva su propio tiempo, pero dejó en claro que son del 2011 a la fecha para conocer en qué se gastaron los recusos federales y estatales.
La contralora insistió en que "Puebla ya está cansado de no entender qué pasó, quiere conocer qué es, y nada por encima de la ley, eso queda súper claro".
La encargada de la Contraloría reiteró que las auditorías se generaron a partir de denuncias ciudadanas en donde se señalaron diversas irregularidades, y que los resultados pueden recaer en cualquier funcionario, siempre y cuando haya sido su responsabilidad.
Mencionó que todas están en proceso y que deben ser muy claros para conocer cómo está conformada la cadena, "es decir, hasta dónde llegan las facultades de la (Secretaría de la) Contraloría Pública, cuáles son faltas graves y no graves y luego se irán al Tribunal de Justicia Administrativa de la Fiscalía, entonces tenemos que ser muy puntuales todos nosotros, tanto los funcionarios como los medios para entender qué fin va a dar y a cada quien qué le corresponde de ese proceso", concluyó.
MITM