La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde Luján, no descartó establecer una colaboración legislativa en aras de reformar el esquema de subcontratación vigente y con ello combatir el “outsourcing abusivo”, por parte de empleadores.
Luego de inaugurar el III Congreso Latinoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, este miércoles en Toluca, comentó en entrevista que hay planteamientos de algunos congresistas para evaluar cambios.
“Nosotros acompañaríamos, sin lugar a dudas, una discusión donde se pueda evaluar la posibilidad o en su caso mejorar los candados que hoy se establecen en la Ley Federal del Trabajo, pero sí aclaro que hoy es clara la ley en cuando se puede y en cuando no se puede subcontratar”.
Indicó que instrumentan estrategias de trabajo con el SAT, el IMSS y la Procuraduría Fiscal, para detectar más fácilmente los esquemas de contratación abusiva, eliminarla y en consecuencia sancionarla.
A pesar de que no pudo precisar cifras, sostuvo que este problema no pertenece a un giro laboral específico o zonas geográficas determinadas, además de que ha tenido un aumento en el último lustro.
“Hemos venido planteando que desde hace más o menos cuatro o cinco años la contratación se elevó muchísimo y mucha de esas subcontratación se hizo de manera abusiva, es decir, de manera ilegal”.
La titular de la dependencia federal sostuvo que “no se puede utilizar esta figura –el outsourcing - como un mecanismo para no cumplir con las responsabilidades más básicas como empleadores. Se acude para que no se genere antigüedad o para no tener reparto de utilidades, pero también es un mecanismo que se ha utilizado para evadir responsabilidades en materia de responsabilidad social”.
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Luisa María Alcalde comentó que éstas prácticas son comunes, advirtiendo que hay empresas que subcontratan como “deporte nacional” e inscriben a sus trabajadores ante los órganos de seguridad social con sueldos menores a los que realmente perciben.
Juicios en materia laboral
El motivo de la visita de la funcionaria al poder judicial mexiquense fue anunciar que el Estado de México será una de las 10 primeras entidades en implementar la justicia laboral, luego de que fuera reformada la ley del trabajo en mayo de este año, lo que provocó que la eventual desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, para que los juicios en esta materia fueran resueltos tribunales especializados.
LC