Con modificaciones administrativas y legislativas, el gobernador Miguel Barbosa pretende el "fortalecimiento y transformación" del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), tras referir el jueves pasado que el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), adscrito a este organismo, incurrió en diferentes anomalías.
Así lo dio a conocer en su conferencia matutina de este viernes, donde afirmó que desde el SEA se orquestaron ataques en redes sociales y columnas periodísticas contra la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Laura Olivia Villaseñor Rosales.
"Por la información que tenemos, esos ataques tienen origen ahí, en este comité que funciona en el Sistema Estatal Anticorrupción".
Asimismo, acusó que sus integrantes son parciales y pertenecen al Bloque Opositor Amplio (BOA), pues sus intereses personales son afines a partidos políticos, lo cual no
"Estas instituciones deben estar en manos de gente proba, autónoma e independiente, y no con filiación y afinidad partidaria como hoy existen".
Además, aseguró que los integrantes del SEA ganaban 105 mil y 115 mil pesos más impuestos respectivamente, bajo un contrato de honorarios, aunado a que en el mes de noviembre recibían doble salario, lo cual sentenció quedará acreditado cuando se inicien los procesos administrativos para la transformación del órgano.
"Reducirles el salario, de 115 más IVA al que dirige para reducirle a 30 mil pesos más IVA y 35 mil más IVA, les provocó la molestia y no han querido firmar su contrato, dos de ellos se ampararon, una señora ganó la suspensión provisional, y otro no".
En un inicio Barbosa Huerta aseveró que los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ganaban hasta 140 mil pesos, con viajes, compensaciones y prebendas incluídas, pero el organismo respondió y señaló que tales declaraciones eran falsas y exigieron al mandatario que se retractara.
mpl