El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, advirtió que dicha organización identificó que instituciones públicas a nivel local han estado contratando a empresas que tienen como socios a integrantes del crimen organizado.
“Transparencia Mexicana ha detectado que un número muy importante de empresas ilegales está contratando con el Estado mexicano; cuando digo ilegales no me refiero a que el funcionario público además es socio y está de los dos lados, es contratista y socio ─que también es un asunto delicado─, me refiero a que estamos contratando al crimen organizado. Estamos financiando al crimen organizado desde las contrataciones públicas”, señaló Bohórquez.
Al participar en el Segundo Foro Internacional Transparencia y Periodismo, organizado por el instituto de transparencia de la Ciudad de México (InfoCdMx), el especialista dijo que es necesario adecuar la normatividad en materia de contrataciones públicas a la realidad actual que vive el país para poder identificar a empresas que sirven de fachada a organizaciones criminales y que consiguen contratos públicos para financiar sus actividades ilícitas.
Por eso, adelantó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Transparencia Mexicana están trabajando una propuesta para transparentar a los “beneficiarios finales” de los contratos públicos en el proceso de licitación y contratación.
“No es un tema que sea fácil, lo estamos trabajando, ha habido muchísimas discusiones sobre proporcionalidad y otros asuntos, pero yo creo que cuando se trata de dinero público, tenemos todo el derecho a saber quiénes son los beneficiarios últimos y controladores de las empresas”, dijo en su participación en el foro.“No es un tema de última generación, es desde el 19, nomás que no lo aplicamos en la práctica”, añadió.
Bohórquez aseguró que saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas es evitar que se esté contratando con dinero público a corporativos ilegales o que tienen entre sus socios a organizaciones criminales de otra naturaleza.
“Proteger la seguridad nacional es lo que vamos a hacer con ‘beneficiarios finales’, eso es proteger la seguridad del Estado mexicano, que con dinero público no se financie al crimen organizado”, dijo el experto.
Al participar en el panel “Vulneración de datos personales: riesgos y consecuencias”, Bohórquez advirtió, al respecto de los nombres de los socios de empresas que contratan con el gobierno, que no todos los datos personales son confidenciales y que la protección de los mismos se tiene que decidir tras un análisis dato por dato.
Aseguró que los nombres de los socios son públicos porque se encuentran en registros públicos y tienen que transparentarse cuando se firman contratos para recibir recursos públicos.
Sin embargo, advirtió que existen diseños institucionales desde el Estado que impiden que esos datos no se actualicen.
“Quien diseñó estos registros públicos, los diseñó para ocultar información, para que no se sepa quiénes son los verdaderos dueños”, acusó el especialista.“El registro público mercantil no tiene ningún tipo de sanción si uno no informa las modificaciones, hasta apenas el año pasado el SAT consiguió que los notarios le informen, bajo solicitud, no de manera automatizada, sobre los cambios en la estructura accionaria de las empresas, pero es por solicitud, no es una base de datos actualizada”, reprochó.
Además, “si ustedes revisan CompraNet o cualquier otra plataforma, el hecho de que una empresa entregue una escritura social desfasada de la realidad no es causal de descalificación en un concurso o en una licitación”.
JLMR