El acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impide la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable acelera el cambio climático y contraviene múltiples disposiciones y tratados internacionales en materia medioambiental, acusan las organizaciones ambientalistas Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Iniciativa Climática de México y El Poder del Consumidor, las cuales prevén interponer acciones legales para echarlo abajo.
“Estamos hablando de violaciones a un gran entramado de leyes, empezando por la Constitución Política en cuanto a derechos humanos ahí contenidos y reconocidos; tratados internacionales, el Protocolo de San José que ya reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, también se estaría violando la Ley de la Industria Eléctrica en cuanto a la obligación de tener un contenido mínimo de energías limpias y para ello es complementaria la Ley de Transición Energética”, dijo Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
La especialista añadió que se estaría violando la Ley General de Cambio Climático y la “Contribución determinada a nivel nacional”, “que es un instrumento que aterriza la forma en cómo México va a continuar con el Acuerdo de París y entonces la Ley General de Cambio Climático le da un peso preponderante”, destacó.
Explicó que el Acuerdo de París con relación a la Conferencia Marco de Cambio Climático de Naciones unidas, trata de aterrizar lo que en su momento se aprobó como obligación qué los países acordaron reducir estas emisiones de gases de efectos invernaderos, para limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 1.5 grados.
La política en materia de generación de energía eléctrica publicada el viernes por la Secretaría de Energía (Sener) no logrará reducir la emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables, ofreciendo como alternativa la quema inaceptable de combustóleo para generar electricidad, advirtieron Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México (ICM), Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, Anaid Velasco y Pablo Ramírez de Greenpeace México.
Además indicaron que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, dada a conocer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado viernes 15 de mayo, implica graves riesgos ambientales.
Por su parte, Pablo Ramírez recordó que México asumió el compromiso internacional, que luego convirtió en ley, de generar 35% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024; sin embargo, con la Política recién publicada y el acuerdo que se emitió el 29 de abril en la misma línea, esta meta se ve imposible de alcanzar, porque se privilegian energías fósiles para producir electricidad y se le cierra el paso a las renovables, con el pretexto de que son inestables.
“Podemos augurar que no vamos a cumplir las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050. Además, quemar combustóleo, como se propone, tendrá serios impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como otras cuencas densamente pobladas”.
Además, prevén implicaciones económicas, ya que generar electricidad con combustóleo es más caro que con energía eólica o fotovoltaica. El activista, dijo que un megawatt hora producido con energías renovables cuesta 60 dólares, mientras que generar energía eléctrica con combustóleo cuesta 138 dólares por megawatt hora, según información de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que prevén un aumento de los costos, como consecuencia previsible un incremento en las tarifas de electricidad o de los impuestos, sin descartar recortes en áreas prioritarias como salud y educación.
evl