El Grupo de Trabajo sobre Políticas Migratorias (GTPM), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, redes y personas defensoras de derechos humanos, llamaron al nuevo gobierno federal a promover lo que para ellos son los “11 Ejes para una Nueva Política Migratoria y de Asilo”.
Las organizaciones promueven un enfoque más inclusivo y responsable en la política migratoria y que puedan ser escuchados por la administración entrante. “Sin duda buscaremos el diálogo con la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum“, dijo Melissa Vértiz Hernández, del GTPM.
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Entre los 11 ejes planteados se encuentran: reforzar el sistema de asilo, evitar violaciones a derechos humanos y la discriminación racial, así como garantizar la perspectiva de genero y fortalecer la politica exterior, por mencionar algunos.
“Lamentablemente continúa siendo la misma política migratoria de hace seis años atrás, consideramos que nos deben mucho acerca de una transformación de esta en México, pues desde hace varios sexenios no se ha logrado mucho”, agregó Melissa Vértiz.
En este marco, Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la migración (IMUMI) declaró que se necesita un mayor presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) así como “el dejar de devolver a personas a sus países de origen que piden refugio en México”, pues este instituto no está aplicando la ley correctamente.
El GTPM, además, demandó el acceso correcto a la identidad para los migrantes, mediante el acceso a documentos como la CURP, pues a falta de estos no se les da un apoyo proveniente de los programas sociales, acceso a salud, trabajo digno y vivienda.
El evento fue precedido por Melissa Vértiz Hernández, del GTPM, y contó con la participación de Diana Martínez Medrano, del Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas; e Itzel Polo Mendieta, del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena.
México se encuentra entre los cinco principales países receptores de solicitudes de asilo en el mundo, con un número récord de solicitudes en 2023; “de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en ese año, el 51 por ciento de las personas en situación migratoria irregular en el país “podrían tener necesidades de protección internacional”.
LP