Eduardo Bohórquez, Director General de Transparencia Mexicana, comentó que Guanajuato es uno de los cinco estados que se encuentran activos de acuerdo a los 11 compromisos contra la corrupción firmados por los candidatos a gobernador en 2018, ahora mandatarios estatales.
Explicó que fueron nueve estados los que firmaron este documento, pero que cuatro de ellos no han enviado aún los informes correspondientes, por lo que su dependencia no puede presentar aún un informe completo de transparencia pero, Guanajuato ha informado periódicamente desde el año pasado sus avances en el tema.
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Mencionó que de este informe no se ha realizado un "corte de caja", pues se pretende evitar señalar a los estados que "cumplen o no cumplen". Además se presentó un plazo de tiempo hasta el inicio de los procesos electorales del 2021 para entregar los respectivos avances, por lo cual se espera se pueda presentar antes del mes de septiembre.
Más apertura, pero no transparencia
Asimismo, Bohórquez señaló que el gobierno federal actual cuenta con mucha apertura, pero eso no significa que cuente con transparencia. Indicó que aunque se compartan los datos constantemente en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de un documento de respaldo pone en duda la transparencia de las mismas.
"(En el gobierno federal) Son más abiertos que transparentes: están informando sistemáticamente sobre lo que está ocurriendo, pero lo que les cuesta mucho trabajo es documentar lo que están afirmando públicamente. Por eso hay que distinguir entre apertura y transparencia", declaró.
"El presidente tiene que cuidar más que cuando él salga a afirmar algo, que haya un soporte estadísticos de esa afirmación, cada vez que él plantee un dato, debe de haber un soporte estadístico. Cuando tú estás tomando decisiones de gobierno con base en información estadística, es crucial que la información esté respaldada", agregó.
Cincuenta por ciento de los programas sociales en México no tienen reglas de operación
Bohórquez añadió que la falta de reglas de operación del INSABI no es una situación ajena a los programas sociales mexicanos, ya que el 50% de ellos no las tienen. Por lo que aseguró que no es una característica particular del tema del INSABI, pero que se resolverá tarde o temprano, pues de otra forma no obtendrán gasto público.
"Cuando surgió el Seguro Popular tuvimos exactamente la misma conversación que estamos teniendo hoy, si era una buena medida de política pública, si tenía reglas de operación, eso es bastante normal cuando se crea una nueva institución. Lo que importa es qué deciden y con base en qué deciden los gobiernos estatales hacer su inversión", concluyó.