La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que revisará la actuación de autoridades federales, incluyendo la misma dependencia, en torno al incendio ocurrido hace diez años en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 49 menores y dejó un saldo de 106 heridos.
Durante una ceremonia luctuosa, donde se izó la bandera a media asta, la encargada de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Dálida Acosta Pimentel, indicó que también acompañarán a las familias afectadas durante su exigencia de reparación a través del Programa de Víctimas de Corrupción y solicitarán al director del IMSS, Zoé Robledo, que los servicios resarcitorios se realicen de forma oportuna.
Afirmó que el incendio “fue resultado de la corrupción del Estado mexicano, que vio a los servicios de cuidado infantil sólo un negocio” y se olvidó de brindar sistemas de calidad, control y supervisión”.
“Esta visión fue terreno fértil para la corrupción, prevaleciendo la búsqueda de la ganancia y el beneficio privado por encima de la obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal de garantizar el bienestar de nuestros niños y niñas y de asegurar el debido cumplimiento de los mecanismos de protección civil”, planteó.
Acosta Pimentel resaltó que la atención de los supervivientes fue negligente e incluso les generó daños mayores y lamentó que, a una década del suceso, no hay responsables juzgados penalmente y los pocos juicios en contra de los procesados han fracasado por la ineficacia burocrática.
A su vez, Abraham Fraijo, padre de una de las víctimas mortales, celebró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometa a atender a las familias afectadas, sin exclusión y “sin juegos mediáticos”; no obstante, aseguró que es necesario “un cambio en las instituciones, una sensibilización necesaria para la atención de cada persona”.
evl