Con el fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado, el Ejecutivo impulsa una reforma constitucional para reconocer a la Guardia Nacional como fuerza policial permanente integrada por personal “de origen militar con formación policial” y adscrita a la Secretaría de la Defensa.
Como parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados prevé además otorgar a la corporación facultades para investigar delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
De acuerdo con la exposición de la propuesta, se busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa, “desde luego no con funciones de ejército en estado de guerra, ni de excepción, sino precisamente regida por normas y principios de seguridad pública que, contrario al uso de las fuerzas armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley”.
Sostuvo que la modificación constitucional permitiría brindar un marco jurídico para otorgar certeza a la participación auxiliar extraordinaria y complementaria de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, a fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas principalmente por el crimen organizado.
“La federación cuenta con la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente, integrada por personal de origen militar con formación policial y dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de sus competencias”, puntualiza la modificación al artículo 21 de la Constitución.
Para ello se considera trasladar la adscripción de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad, a la que actualmente corresponde, a la Secretaría de la Defensa.
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La dependencia de origen deberá transferir a la Defensa Nacional los recursos presupuestarios y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobadas a la extinta Policía Federal, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional.
“El Ejecutivo dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y queda adscrito a la secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos”, señala el régimen transitorio.
Se propone así reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente con personal de origen, disciplina, formación y adiestramiento de igual calidad que las fuerzas castrenses, pero con una profesionalización, valores y filosofía de carácter estrictamente policial.
Ello, señala, con el fin de garantizar la seguridad pública con respeto a los derechos humanos acorde con la normativa nacional y estándares internacionales en la materia.
Establece los principios de coordinación y colaboración con las entidades federativas y los municipios.
En sus consideraciones, la iniciativa señala que en los años previos a 2018 se vivió un proceso de descomposición de las policías federales y debilitamiento de las policías estatales y municipales que hoy hace necesaria una modificación constitucional profunda del modelo de organización de la Guardia Nacional para adscribir directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.