El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González adelantó que van a apurar la discusión y dictaminación de la Ley de Desaparición Forzada y a aumentar para el 2020 los recursos para atender la alerta que se decretó en siete municipios mexiquenses por desapariciones.
“La iniciativa de Ley de desapariciones forma parte de la agenda que este periodo tendrá que desahogarse, es de las iniciativas que no precluyeron por la importancia toral y la posibilidad de fortalecer económicamente estos renglones”, anunció.
Sin embargo, también habrá un reclamo a la Secretaría de Seguridad porque no hay resultados a pesar que este año se les dotó de recursos suficientes para ir mejorando sus tareas; buscarán el fortalecimiento de la comisión de búsqueda y mayor eficiencia en la Fiscalía de Justicia.
Una segunda alerta, aseveró, es un reflejo de que las cosas no están funcionando, se necesita revisar y corregir lo que haya que hacer y desde el Congreso lo que se hará es ir alineando toda una serie de elementos regulatorios que les permita dar más apoyo jurídico.
Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo, Armando Bautista Gómez, consideró positiva esta declaratoria porque visibiliza un problema que se ha tratado de esconder y obliga a instrumentar políticas públicas que permitan atender el problema sin “esconder y maquillarlo”.
Por lo pronto la Legislatura va a revisar las leyes que necesite actualizar para apoyar este problema y a garantizar partidas presupuestales etiquetadas para programas específicos para fomentar la prevención y evitar que las desapariciones se conviertan en muertes.
Obligaciones
Esto luego que la declaratoria obliga a las autoridades a diseñar una política pública con perspectiva de género y derechos humanos, a georeferenciar los casos ocurridos entre 2016 y 2019, a mantener actualizado de manera permanente y accesible el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas con datos desagregados, a elaborar un diagnóstico de la capacidad institucional en el gobierno estatal, a señalar los recursos presupuestales para este fin, a tener un modelo de capacitación y profesionalización, y a armonizar leyes.
En tanto, Carlos Lomán Delgado, diputado sin partido, consideró necesario no escatimar ningún esfuerzo para atender este problema, donde todos deben contribuir en la medida de sus competencias, eficiencias y capacidades, donde el legislativo ya ha emitido exhortos y vigilado a las instancias de justicia para que no descuiden este tema.
LC