Tras señalar que el transporte pirata no está tipificado en la entidad, el diputado local de Morena, Ángelo López Barrón, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar a quienes incurren en ello con penas de uno hasta cuatro años de cárcel.
La iniciativa plantea que se impondrá uno a cuatro años de prisión y de 50 a 150 días multa al que preste el servicio público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades sin contar con la concesión, autorización o permiso de la autoridad competente además de las sanciones administrativas que correspondan.
De igual modo, las mismas penas se impondrán al propietario del medio de transporte sin permiso realice, contrate o permita la prestación de estos servicios.
La iniciativa plantea que las penas anteriores aumenten hasta en una mitad si el delito es cometido o participa en su comisión el representante, socio o líder de una persona jurídico colectiva concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público o algún servidor público.
“Al hacer un análisis de las leyes correspondientes nos percatamos que en nuestro estado la conducta antes descrita (transporte pirata) no está tipificada en el Código Penal, razón por la cual muchos miembros de la delincuencia se han aprovechado de este vacío legal para cometer otros delitos como robos, secuestros, extorsiones, homicidios e incluso desaparición de personas”, argumentó López Barrón ante el Pleno del Congreso.
El legislador agregó que el transporte pirata al operar en la ilegalidad no cuenta con seguros para usuarios, las tarifas llegan a ser excesivas y apuntó que entidades como Tabasco, Puebla y el estado de México en años recientes han incorporado a sus códigos penales el delito de prestación ilícita del servicio público de transporte con lo que en algunos se ha logrado la baja de esta práctica.
Comentó que en Hidalgo el transporte pirata se ha visto agudizado en diferentes municipios, entre ellos Tizayuca, Pachuca, la región Huasteca y el Valle del Mezquital.
“Por todo lo anterior es que planteo tipificar la conducta de ofrecer un servicio público de transporte de manera ilícita y de esta forma combatir el problema de raíz, asimismo el gobierno estatal tendrá que emprender acciones de regularización, deberá observar, analizar y plantear estrategias eficaces de combate y regularización de estos servicios”, dijo.
Señaló que el Estado debe comenzar a otorgar certeza jurídica y respeto a las personas que cumplen con las normas establecidas para operar los servicios de transporte público, “especialmente el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad individual que es en donde mayormente se da este problema al cual coloquialmente conocemos como transporte pirata”.
El diputado añadió que las normas de convivencia social están para ser respetadas y cumplidas, “basta ya de permitir que se sigan violentando derechos y obligaciones, aquellos que infringen y pasan por encima de las leyes deben de ser castigados con penas porque han roto el pacto social, convirtiéndose en infractores que atentan contra el bien común”.