Hasta las llaves de la alcaldía se llevaron

El día en que Raúl Hermida tenía que tomar posesión de su cargo como nuevo alcalde de Cosamaloapan, tuvo que pedir ayuda a cerrajeros para abrir el palacio municipal: la anterior presidenta, la priista Adriana Maass, dejó todo cerrado.

Al cabo de los días, las nuevas autoridades municipales se percataron que imperaba el desorden y en varias oficinas faltaban documentos que comprobaran el uso del dinero público del ayuntamiento durante 2017.

Ningún funcionario del gobierno de Maass participó en el proceso de entrega-recepción con Hermida, su sucesor.

Maass Michel, dentista de profesión, fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta municipal de Cosamaloapan. Llegó postulada por la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza y tres de los cuatro años de su gestión coincidieron con la última etapa del gobierno de Javier Duarte.

En 2016, Cosamaloapan fue el municipio de Veracruz, de entre los 212 de la entidad, en donde el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) detectó el más grande presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2016. Por el probable desfalco de casi 89 millones de pesos, el Orfis presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

A Adriana Maass se le buscó para conocer su opinión sobre estos señalamientos, pero nunca se obtuvo respuesta de su parte.

Raúl Hermida ganó la elección municipal a mediados de 2017 como abanderado de la coalición PAN-PRD. Después de su triunfo hubo algunas reuniones breves con el equipo del gobierno saliente, pero pronto los encuentros se interrumpieron.

“No fue una llegada fácil”, confiesa el alcalde, quien como todos los actuales ediles de Veracruz debía asumir el poder del municipio el 1 de enero de 2018. Pero a él se le adelantaron los problemas.

Desde una tarde antes, la del 31 de diciembre, el acalde electo tuvo que acudir a calmar los ánimos de un grupo de trabajadores sindicalizados que se había apostado afuera de la sede del ayuntamiento para protestar por falta de pagos.

Para ese entonces, la alcaldesa ya se había ido. Ella y su equipo abandonaron las oficinas cerradas desde el 27 de diciembre y ya no regresaron. Hermida asegura que dejaron al municipio con solo una patrulla y sin gasolina, una ambulancia en el corralón y otra descompuesta, y deudas con el SAT por más de 11 millones de pesos, con pensionados por 6.5 millones y una demanda abierta de 27 policías por salarios caídos, entre otras deudas.

“Les pedí que fueran a sus casas a cenar por Año Nuevo y que al día siguiente nos sentáramos a platicar”, narra Hermida que les dijo a los trabajadores inconformes justo afuera del palacio municipal.

Al día siguiente, al entrar a las oficinas, la sorpresa fue mayor para el nuevo gobierno. El desfalco que dejó la administración anterior puede resumirse en una escena: ni en la Tesorería ni en el Departamento de Obras encontraron documentación que reflejara la situación de las finanzas municipales. Además se había desinstalado el software para el cobro del impuesto predial.

Por la falta de documentos, el Orfis no pudo revisar cómo se usaron los recursos públicos durante 2017, el último año de Adriana Maass. Lo único que pudo señalar en su informe fue que el contrato que se firmó con la empresa AC Tecnology para la compra de luminarias, a pagar a 10 años, fue irregular, pues “no se especificó el monto total autorizado de la obligación a contraer, el destino de los recursos, ni la vigencia de dicha autorización”, elementos “esenciales para poder llevar a cabo la celebración del contrato respectivo”.

Hermida calcula que si en 2016 el daño patrimonial probable llegó a 89 millones de pesos, el de 2017 será mucho más elevado.

“Esta vez llegará a cerca de los 200 millones de pesos. Con las deudas con proveedores y el ISR de trabajadores sindicalizados del, las pensiones, el Seguro Social, fácil, 200 millones de pesos”, dice.

—¿Le ve salida? —se le pregunta.

—No, hay que pagarlo. Tenemos que pagarlo nosotros. Ya la autoridad judicial determinará quién o quiénes son los responsables y ya en esa instancia ellos tendrán que responder a los cuestionamientos de la autoridad judicial.

—¿En qué se nota allá afuera el desfalco y la falta de documentos?

—Muchas calles deterioradas. Servicios básicos que más o menos se están cubriendo. El bulevar San Cristóbal, despedazado, porque el proyecto para rehabilitarlo nunca se llevó a cabo.

A unas cuadras, molestos, los vecinos de las calles Reforma y Porfirio Díaz se quitan los zapatos para poder caminar entre las aguas verdosas de un charco acumulado por semanas, que cada temporada de lluvias crece hasta la altura de las rodillas porque el drenaje de esa zona de Cosamaloapan es insuficiente. Casi 10 años llevan así, conviviendo entre moscos y malos olores, porque el municipio, según les decían, “no tiene presupuesto” para atenderlos.

—¿Quedó saqueado el municipio?

—Sí, hay que hablarlo con la verdad, así es. No puedo decir que no, cuando a la vista de todos es que sí —dice el nuevo alcalde.

—¿Fue un Año de Hidalgo?

—No uno, dos: 2016 y 2017.