La red empresarial vinculada con los contratos millonarios de organismos electorales en México no habría surgido con las recientes adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Su historia se remonta, al menos, a finales de la década de 1980, cuando los hermanos Hernández Casillas comenzaron a establecer vínculos con dependencias del gobierno federal.
Fue durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó una investigación sobre el origen y crecimiento de este grupo empresarial, cuyos integrantes fueron relacionados con contrataciones de organismos y autoridades electorales del país.
La mandataria explicó que solicitó revisar los antecedentes de esta red después de que surgieran señalamientos sobre empresas proveedoras del sistema electoral y su relación con antiguos funcionarios. El objetivo, dijo, es mostrar que el entramado empresarial tiene una trayectoria de varias décadas.
"Esta red no nació hace dos años. Nació por lo menos hace 27 años", señaló Sheinbaum.
La información presentada plantea una ruta que comienza en la década de 1980, pasa por dependencias de la Secretaría de Gobernación y llega hasta las contrataciones con organismos electorales estatales y federales.
De Gobernación a los contratos electorales: el origen de la red
La cronología presentada por el Gobierno federal ubica los primeros vínculos de los hermanos Hernández Casillas con dependencias públicas entre 1983 y 1989, cuando José Alfredo y Raymundo trabajaron en áreas del Registro Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Durante ese periodo establecieron relaciones laborales con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente llegó al CISEN. En 1988 también se constituyó la empresa Cartonera Plástica.
El esquema de operación
La investigación señala cinco mecanismos que habrían permitido al grupo obtener contratos públicos:
- Utilizar empresas fachada para simular competencia en licitaciones.
- Establecer vínculos entre proveedores y servidores públicos.
- Conseguir adjudicaciones mediante compañías sin infraestructura ni personal suficiente.
- Recurrir a prestanombres —incluso personas vulnerables, como una mujer de 96 años—.
- Presuntamente, lavar dinero mediante empresas factureras.
El crecimiento de la red y el escándalo de 2005
Sheinbaum señaló que la expansión empresarial no comenzó con las contrataciones recientes del INE, sino que tiene antecedentes desde finales de los años noventa y un episodio relevante en 2005.
La investigación también revisa las relaciones entre proveedores, funcionarios y consejeros electorales, así como los cambios derivados de la reforma político-electoral de 2014, que otorgó al INE la facultad de designar a los integrantes de los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Contratos millonarios bajo investigación
De acuerdo con la Presidenta, el grupo empresarial habría recibido contratos por miles de millones de pesos a lo largo de varios años. La revisión busca esclarecer cómo se consolidó esta red, quiénes fueron sus beneficiarios finales y qué relaciones institucionales facilitaron su permanencia como proveedora de organismos electorales.
CHZ