Derivado de las revisiones en la gestión de recursos públicos, desde el 2023 a la fecha la Secretaría de Contraloría de Hidalgo impuso 727 sanciones a servidores públicos y empresas que incumplieron sus obligaciones establecidas en la Ley, detalló el titular de la dependencia estatal, Álvaro Bardales Ramírez.
Pese a esto, reconoció, únicamente 30 de éstas, es decir el 4.12 por ciento de las medidas de apremio, derivaron en denuncias graves presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado, mismas que siguen en indagatorias para definir una sanción más severa; igualmente, 95 denuncias se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), es decir, el 13.06 por ciento de medidas de apremio que derivaron en investigaciones por posibles actos de corrupción.
“Las sanciones que hemos impuesto a servidores públicos por alguna falta administrativa va más allá de las cifras informadas en meses pasados, cuatro incidencias, tenemos resultados y resoluciones, aquellas por la naturaleza de los actos y gravedad de las irregularidades las turnamos a las instancias correspondientes. Destacan 302 amonestaciones privadas a servidores públicos; 235 inhabilitaciones que van desde un día a un año; 171 amonestaciones públicas; 18 suspensiones; una destitución, todas estas acciones quedan en la hoja laboral de los servidores públicos, estamos combatiendo la corrupción y la muestra son estos resultados”, sentenció.
Por cuanto hace a los casos que se turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que resuelve las irregularidades con denuncias más graves, suman 30 casos; incluso recordó que en el 2024 Hidalgo ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en denuncias presentadas contra servidores públicos, con una suma de mil 712, de la cuales mil 325 fueron procedentes, las cuales incluyen sanciones locales e indagatorias en órganos de impartición de justicia, “no lo decimos con orgullo”, sentenció.
En tanto, a lo largo de cuatro años de gestión reflejan 95 denuncias relacionadas con actos de corrupción, 42 de ellas siguen bajo investigación y en su mayoría derivan de la investigación del “maxi-proceso” de desvió de recursos públicos que incluyó a municipios, áreas del Ejecutivo local y órganos desconcentrados (denominado en su momento por el gobierno estatal Estafa Siniestra) por monto de dos mil 400 millones de pesos; como consecuencia de las denuncias e investigaciones se logró la recuperación de 500 millones de pesos en bienes.
“Aún hay denuncias que siguen en proceso, las lleva a cabo la PGJEH, y desde la Contraloría seguimos aportando pruebas y evidencia necesaria para solventar estas investigaciones y que lleguen a una resolución; sumado a estas acciones, presentamos 30 denuncias por delitos de ejecución de la obra pública, rubro en el que mantenemos la revisión permanente de las actas de entrega-recepción; incluso, dentro de las 95 denuncias presentadas ante la PGJEH, 18 corresponden a obra pública: ocho carreteras, tres redes eléctricas, tres de obra hídrica, un parque de diversiones, un hospital, entre otros”, concluyó.