Los gobiernos de Morena, bajo la ideología política de la denominada Cuarta Transformación o 4T, tienen como principio el uso adecuado de los recursos y el combate a la corrupción.
Sin embargo, no todos han demostrado que sus planes de austeridad hayan tenido el éxito esperado en ahorro y mejora en la calidad de vida de la población.
En Hidalgo, a dos meses de la llegada de Morena al gobierno estatal, la administración que encabeza Julio Menchaca Salazar alista su plan 2023 que incluye un presupuesto social, estrategias de ahorro y austeridad, así como combate a la corrupción.
En entrevista con MILENIO, el mandatario morenista que asumió el poder que mantenía el PRI desde hace nueve décadas, señaló que se buscará eliminar los “gastos superfluos” o excesivos, por lo cual resaltó algunas acciones como el uso de la Casa de Gobierno que dejará de costearse.
“Costaba 750 mil pesos mensuales (9 millones de pesos anuales) para atender a una familia o persona, eso es excesivo, vamos a empezar a trabajar con qué se va a hacer donde estaba la casa de gobierno; inhibir que existan dispendios en donde ‘se mandaban a hacer estudios o tecnologías, programas cibernéticos’ que no aparecen, fue un espacio de fuga de recursos, entonces los estamos atajando”.
Desde su llegada al Ejecutivo local Menchaca Salazar descartó la reducción de salarios como una medida adecuada para el plan de austeridad, debido a que es una de las entidades con los salarios más bajos del país, en lo que se refiere a la “nómina burocrática”, por lo cual no están fuera de proporción o son “salarios decorosos”; pese a esto no descartó una adecuación a la norma para que ningún funcionario público gane más que el gobernador, 75 mil pesos mensuales, esto sin dejar de apoyar a los trabajadores para evitar posibles actos de corrupción.
“Aunque nadie gane más, que puedan obtener el sueldo suficiente para que estén en posibilidades de desarrollarse, vamos a generar estímulos, fondo de ahorro y préstamo que resulte en ingresos para las y los trabajadores, y que no estén de ‘agiotistas’, existen distintas formas de aprovechar recursos públicos, generar otros mecanismos como un premio de innovación o aportación a un mejor estado”, comentó.
Menchaca resaltó la necesidad de consolidar estructuras en las diferentes áreas de gobierno, ya que existen espacios donde hay una “enorme” cantidad de personal, mientras que, en otros, falta equilibrar la plantilla para atender las cargas de trabajo, “también corresponder con un salario justo para quienes trabajan en gobierno y todo eso es la dinámica en la que estamos involucrados en este momento”, añadió.
La 4T en las entidades
A pesar de que en Hidalgo aún se desconoce a detalle el plan de austeridad y el monto que se puede ahorrar en gastos excesivos, los planteamientos de Julio Menchaca Salazar coinciden con gobernantes de otras entidades federativas que tienen al frente perfiles emanados de Morena, como es el caso de Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, incluye la venta de la Casa de Gobierno en Acapulco; las oficinas de representación en la Ciudad de México (CdMx), ubicadas en Polanco; la subasta de autos blindados y el recorte de la estructura de gobierno; “eso se vende y se va, la gobernadora no tiene por qué vivir ahí (en la Casa Acapulco), y se venderá la oficina en la Ciudad de México, con lo que se tendrá un ahorro de medio millón de pesos mensuales”.
Además, “no se renovará la contratación de 114 vehículos blindados, por los que se pagan 30 millones de pesos, y se va a revisar los inmuebles rentados... automóviles y camionetas blindadas serán subastadas para eliminar gastos de mantenimiento y seguro”; todo esto se acompa- ñará además con restricciones al gasto de funcionarios, para que no paguen con recursos públicos restaurantes lujosos.
En tanto en Colima, Indira Vizcaíno Silva propuso dentro de su plan de austeridad un ahorro de 550 millones de pesos, lo que será posible con recortes que se realicen con la implementación de la nueva estructura de gobierno (un ahorro por 75 millones de pesos), en el gasto en la Oficina de la Gobernadora (50 millones de pesos), en los gastos en gasolina, servicios generales, viáticos y otros (45 millones de pesos), en el rubro de otros servicios generales (80 millones de pesos) y el programa de austeridad (300 millones de pesos).
Adelantó que algunas de las estrategias que implementará para lograrlo son mejorar la recaudación, pues está convencida que los colimenses estarán dispuestos a pagar impuestos a un gobierno que sí va a utilizar bien ese dinero.
También tiene el proyecto de reducir las secretarías de gobierno del estado, con lo que se estima un ahorro de 300 millones de pesos al año; aunado a esto, detalló que en el Instituto Estatal Electoral (IEE), la consejera presidenta recibe una remuneración bruta de 186 mil pesos al mes, es decir, su ingreso neto cada asciende a los 126 mil pesos, a su vez, los consejeros reciben un pago mensual bruto de 114 mil pesos, que se traduce en 78 mil pesos netos.