A partir de este miércoles entró en vigor el Decreto número 186, publicado por el gobernador Omar Fayad Meneses en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), con el que se crea la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.
El Decreto establece que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) deberá contar con una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura que será competente para investigar los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con las facultades y con la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento.
En tanto el personal que integre la nueva Fiscalía deberá cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Los artículos transitorios del Decreto establecen que el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, de conformidad con su disponibilidad presupuestal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo proveerá administrativamente lo necesario y realizará los ajustes presupuestales procedentes para la creación y operación de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura.
De igual modo, el Poder Legislativo del Estado, en el ámbito de su respectiva competencia, deberá asignar una partida presupuestal para la operación y funcionamiento de la Fiscalía en el Presupuesto de Egresos 2023.
La Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura conocerá de las averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite y las que se inicien con motivo de hechos con características de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, iniciadas con posterioridad al 25 de diciembre del 2017.
Hasta octubre de 2021, de acuerdo con el procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, se tenían cerca de mil denuncias, entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, por el delito de tortura las cuales se encuentran en investigación.
Cabe mencionar que el pasado 31 de marzo con 24 votos a favor los diputados locales aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo con la que se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona.
Así como el que cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento; o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
La Ley General señala que también comete el delito de tortura el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas descritas en el delito o tenga cualquier grado de autoría o participación.