La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), dirigió una carta a ocho funcionarios, tanto federales –como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero– y del estado de Hidalgo, donde manifiestan su preocupación por la detención de 84 personas migrantes. Piden que se les otorguen las medidas de protección correspondientes antes de ser deportados.
Entre los detenidos en un operativo, realizado por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del estado de Hidalgo, sobre la carretera Tasquillo-Tecozautla, están 15 adolescentes que viajan solos y 42 menores de edad que viajan acompañados de sus familias.
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En tanto se decide qué hacer con los detenidos, fueron trasladados a la Unidad Deportiva de Tula, Hidalgo, donde quedaron a cargo de las autoridades migratorias “al no haber acreditado su legal estancia en el país, por lo que tememos su deportación inmediata, sin que se investigue de manera adecuada si fueron víctimas de algún delito”.
En caso de una deportación exprés el Instituto Nacional de Migración (INM) “estaría contraviniendo tanto lo dispuesto por la Ley General de Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley General de Víctimas”.
En la carta, le recuerdan a los funcionarios que, en materia de infancia migrante y antes de que se inicie el procedimiento administrativo migratorio, son las Procuradurías de Protección a la niñez, “las que deben dictar medidas de protección, considerando en todo momento el interés superior de la infancia, así como el derecho de unidad familiar”.
Le sugieren que se debe identificar primero si los detenidos son sujetos de iniciar procedimiento de la condición de refugiado o de otro tipo de regularización migratoria e impedir “la deportación inmediata y sin que se hayan expedido las medidas de protección correspondientes”.
Piden la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la del estado de Hidalgo para que se dicten medidas cautelares a favor de los infantes y se evite la deportación inmediata de ellos y ellas.
La carta también está dirigida los titulares de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez; de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez Silva y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Además de la produradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del estado de Hidalgo, Laura Karina Ramírez Jiménez, a Patricia Marcela González Valencia, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo y Alejandro Habib, comisionado de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.
AESC