El caso de Esmeralda, la menor de 14 años que tuvo un aborto y fue acusada de homicidio en grado de parentesco en contra del producto de la gestación en Querétaro, ha vuelto a poner sobre la mesa el cómo el estigma hacía la interrupción del embarazo, perpetúa que muchas mujeres sean criminalizadas por decidir sobre su cuerpo o incluso por sufrir abortos espontáneos.
En México dentro de la mayoría de los estados las penas por abortar no son superiores a los 6 años e incluso algunas solo contemplan penas monetarias o administrativas; sin embargo, en el caso de homicidio o infanticidio las mujeres pueden alcanzar penas de hasta 50 años de prisión; y de acuerdo con organizaciones en pro de los derechos de la mujer este tipo de delito se ha vuelto una nueva forma de criminalizar a las mujeres que abortan acusándolas de asesinato, incluso cuando el producto aún no era viable fuera del vientre materno.
Actualmente en las entidades donde es legal el aborto, este solo es permitido hasta la doceava semana de gestación o la treceava en el caso de Sinaloa; sin embargo, pese a que el producto no tenga posibilidades de sobrevivir si es expulsado en las semanas posteriores, esta conducta ya es considerada un delito ya sea que la mujer se lo provocó o tuvo un aborto espontáneo.
Cabe mencionar que además la NOM 046 establece que sin importar las semanas de gestación o la entidad en la que se encuentre, cualquier mujer o personas embarazada que haya sido víctima de abuso sexual puede acceder a un aborto sin la necesidad de presentar una denuncia por este hecho ante las autoridades.
De acuerdo con la organización GIRE en México se tiene registro de al menos 32 sentencias por homicidio en grado de parentesco o infanticidio, y aunque las autoridades que brindaron esta información no dieron más detalles sobre los casos; la organización ha detectado al menos siete casos en lo que podría tratarse de una situación de criminalización hacía las personas gestantes; en seis de ellos fueron mujeres que tuvieron partos fortuitos, estos, las mujeres no recibieron atención médica inmediata o no tuvieron acceso a servicios integrales de salud durante su embarazo.
Un caso de esta índole es el de Diana, quién en 2021 tuvo un aborto espontáneo en un centro comercial del municipio de Oluta en Veracruz; sin embargo, la Fiscalía estatal la acusó de homicidio doloso en agravio de un feto de cinco meses, esto pese a que la acusada manifestó en todo momento haber estado de acuerdo con el embarazo y que el aborto lamentablemente fue consecuencia de la violencia que sufría por parte de su ex pareja, además de que lamentablemente no podía guardar reposo absoluto como se lo indicó la doctora que llevaba su proceso.
Y aunque ella pudo obtener su libertad pocos meses después de haber sido detenida, la realidad es que a nivel nacional no se tiene una cifra exacta de cuantas mujeres sufrieron abortos o partos fortuitos y las autoridades las están acusando de haber asesinado al producto de la gestación; por lo cual, si bien las autoridades estatales aseguran que no hay ninguna mujer presa por abortar, la realidad es que si, pero bajo otra figura jurídica.
En este sentido organizaciones como IPAS Latinoamérica y el Caribe y Fondo María resaltaron la importancia de que sea eliminado de los códigos penales el delito de aborto, ya que mientras este procedimiento médico siga siendo visto como un delito después de ciertas semanas, continuará la criminalización para quiénes de manera voluntaria o involuntaria lo realicen.
“Mientras no esté fuera del código penal en su totalidad va a seguir existiendo el estigma entonces van a seguir habiendo denuncias al respecto, si se trata de abortos avanzados, si se trata de sospechas de abortos esto sigue sucediendo porque esta dentro del código penal y la gente sigue teniendo estigma al respecto”, señaló Brenda Gutiérrez de coordinadora de Fondo María.
Asimismo, Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia en IPAS Latinoamérica y el Caribe dijo que muchas veces los médicos así como las autoridades no consideran las consideraciones de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres lo cual les imposibilita llevar embarazado en condiciones dignas que garantice un embarazo hasta el término.
“Fue un parto extrahospitalario, un parto prematuro, que traía detrás o que tiene como antecedente esos partos la falta de acceso a servicios de salud, la falta de información, la falta de atención oportuna de mujeres, que muchas veces presentan un programa de salud previo al embarazo, se embarazan y eso agrava su salud entonces”, precisó.
LG