El Instituto Electoral de la Ciudad de México destruyó 166 toneladas de boletas y documentación electoral utilizadas y sobrantes del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, en cumplimiento de los plazos legales que obligan a eliminar este material seis meses después de concluidos los ejercicios democráticos.
La mayor parte del material destruido correspondió a la elección del Poder Judicial capitalino, con 137 toneladas de boletas y documentación auxiliar, mientras que cerca de 13 toneladas provinieron de la Consulta de Presupuesto Participativo, además de archivos institucionales que ya habían agotado su periodo de conservación conforme a la legislación archivística.
El proceso se realizó mediante trituración simple durante tres días en una planta especializada, método que permite inutilizar completamente la documentación y, al mismo tiempo, reincorporar la pulpa resultante a procesos de reciclaje bajo criterios ambientales.
Durante los trabajos, la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Cecilia Aída Hernández Cruz, acompañó el procedimiento y subrayó que el material triturado será reutilizado, como parte de las acciones del organismo para reducir el impacto ambiental de los procesos electorales.
Para llevar a cabo la destrucción, las 33 direcciones distritales concentraron previamente la documentación en el Almacén de Materiales Electorales del instituto, conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General. Los traslados y la trituración contaron con acompañamiento de personal de la Contraloría Interna y de la Oficialía Electoral, así como de personas observadoras de la Red de Observación del IECM.
La legislación electoral local establece que el Consejo General debe ordenar la destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante dentro de los seis meses posteriores a cada proceso electoral o ejercicio de participación ciudadana, siempre mediante métodos que protejan el medio ambiente, obligación que el organismo dio por cumplida con este procedimiento.
LP